La Junta de Contratación advierte de que el macroconcurso de las ambulancias "puede no ser acorde con los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del gasto público"

El SMS confirmó el pasado miércoles la adjudicación del contrato, de 304 millones de euros, a la UTE formada por Ambulancias Sánchez, Mar Menor y Do Atlántico, vinculada al grupo constructor La Generala tras haber suspendido cautelarmente el macroconcurso de las ambulancias el pasado mes de abril al advertir la Intervención Delegada de "defectos" en la redacción del pliego de las cláusulas de licitación" que “podrían revestir la consideración de infracción no subsanable de las normas reguladoras de la preparación del contrato".

La consejería de Salud que acaba de confirmar la adjudicación del macrocontrato de las ambulancias a la UTE de la que forma parte La Generala asegura que “este concurso está cumpliendo escrupulosamente la ley de contratos públicos” y que “esta decisión viene avalada por la respuesta a la pregunta que el SMS elevó a la Junta Consultiva de Contratación tras la presentación de un voto particular por parte de la Intervención Delegada de la Comunidad a la Mesa de Contratación de dicho concurso”.

Sin embargo, el informe de la Junta Regional de Contratación Administrativa de la Consejería de Hacienda fechado el 5 de julio de 2019 y al que ha tenido acceso Onda Cero, cuestiona la fórmula matemática “proporcional inversa” de adjudicación empleada y dice textualmente “a la vista del comportamiento de la fórmula analizada, esta Junta entiende que la misma puede no ser acorde con los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del gasto público recogidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos Públicos porque desincentiva la realización de bajas, por lo que debe ser el órgano de contratación quien valore caso por caso, según cual sea el objeto del contrato, el empleo de dicha fórmula para valorar el precio de las ofertas, justificándolo en su caso así en el expediente, tal como dispone el artículo 146.2 b) de la Ley de Contratos Públicos”. En definitiva, advierte la Junta Regional de Contratación Administrativa que “la fórmula analizada desincentiva a las empresas licitadoras a realizar mayores bajas, al reducir los márgenes entre la ofertas más altas y las más bajas lo cual, según el Tribunal de cuentas “no es conforme con el principio de economía de la gestión de los fondos públicos”. El informe subraya que “dependiendo de cómo esté configurado el conjunto de criterios de adjudicación del contrato en los que se utilice esta fórmula matemática, puede ocurrir que la ponderación de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, sea de hecho superior a la ponderación de los criterios evaluables de forma automática”.

El informe de la Junta Regional de Contratación Administrativa también recrimina que no exista el preceptivo informe del Servicio Jurídico sobre sobre los criterios de adjudicación en el caso de pliegos tipo y dice textualmente “la existencia de modelos tipo de pliego no exonera del preceptivo informe del mismo por el Servicio Jurídico respecto de aquellos aspectos que no han sido precisados en el modelo tipo y que puedan afectar con mayor intensidad a los derechos y obligaciones de las partes en aspectos esenciales del contrato, tales como la determinación de los criterios de adjudicación y su ponderación, entre otros”.

Convierte recordar que el artículo 1 de la Ley de Contratos Públicos dice “la presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

Otro aspecto que destaca la Junta Regional de Contratación Administrativa en su informe es que el director gerente del SMS, Asensio López acordó la suspensión del procedimiento de licitación y solicitar informe a la Junta Regional de Contratación Administrativa el 17 de abril de 2019, pero la solicitud de informe no se produjo hasta el 3 de mayo y no remitió copia del expediente hasta el 4 de junio, momento a partir del cual la citada Junta Regional de Contratación dispuso de la documentación precisa para la emisión del dictamen.

Desde 2008, el transporte sanitario del SMS lo han prestado Ambulancias Martínez Robles (áreas del Reina Sofía, Virgen del Castillo y Noroeste); Ambulancias Martínez en Cartagena, Ambulancias Cooperativas de Lorca en el Guadalentín y Ambulancias Vega del Segura en Cieza y todas ellas han conseguido una menor puntuación en el macroconcurso público que la UTE ganadora que hasta ahora solo había gestionado el servicio en el área de Los Arcos, a través de Ambulancias Sánchez.

Las compañías de ambulancias de la región de Murcia estudian recurrir la adjudicación del macrocontrato de ambulancias a la constructora La Generala sin apenas experiencia en transporte sanitario. Creen que el contrato se ha hecho “a dedo” para que la adjudicataria sea la UTE de la que forma parte La Generala a través de su filial Orthem.

Contra la resolución del SMS podrá interponerse un recurso especial en materia de contratación en el plazo de quince días hábiles desde martes 9 de julio. Si no se presenta recurso alguno, el SMS procederá a la adjudicación definitiva.

Según fuentes expertas consultadas por Onda Cero, si cualquiera de los licitadores presentara recurso ante al Tribunal de Garantías de Recursos Contractuales, tendría muchas posibilidades de ganarlo habida cuenta del informe y voto particular del interventor de la Comunidad Autónoma, el informe de la Junta Regional de Contratación Administrativa que advierte de que "al utilizar esa fórmula matemática excepcional los criterios subjetivos de la Mesa de Contratación prevalecen sobre los objetivos por lo que era imprescindible nombrar una comisión de expertos que no se nombró". Tampoco se realizó, como advierte el informe de la Junta Regional de Contratación, un informe jurídico en los términos que procedía. La interposición del recurso paralizaría el proceso hasta que se resuelva.