El traslado provisional de servicios de la Comisaría de Policía Nacional al barrio de Santa Marta, tras el incendio de la comisaría de Rodrigo de Padrón el pasado 12 de febrero responde a la previsión de que la rehabilitación del edificio se prolongue más de lo inicialmente previsto, pasando de semanas a varios meses.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), su vicesecretario provincial, Juan Manuel Gómez, valora positivamente en ONDA CERO la habilitación de un nuevo espacio, aunque con matices. Considera que aliviará la situación “al límite” que viven los agentes dela Policía Nacional, actualmente concentrados en un edificio anexo sin capacidad suficiente para los cerca de 270 efectivos, lo que ha generado condiciones de trabajo precarias y hacinamiento. El nuevo emplazamiento permitirá reubicar servicios clave como la expedición del DNI y extranjería, mejorando tanto la operativa policial como la atención al ciudadano.
Sin embargo, el sindicato advierte que la solución es solo parcial. Reclama una actuación urgente del Ministerio del Interior para rehabilitar la comisaría dañada y critica la falta de avances visibles tres meses después del incendio. A su juicio, los plazos podrían extenderse hasta 2027, lo que genera preocupación ante la cercanía del próximo Año Santo, que multiplicará la afluencia de turistas y exigencias de seguridad en la capital gallega.
El dispositivo provisional se completará con la distribución de unidades en distintos puntos: parte de los efectivos ya opera desde Fontiñas (UPR), mientras que otros seguirán en el edificio anexo. Esta fragmentación operativa, aunque necesaria, no es la solución ideal para el sindicato, que también abre el debate sobre un posible cambio definitivo de ubicación de la comisaría hacia zonas más accesibles y funcionales, como el entorno de la avenida do Cruceiro da Coruña.
En paralelo, la alcaldesa defendió el trabajo de las fuerzas de seguridad en barrios como Santa Marta, donde vecinos han expresado inquietud por posibles focos de tráfico de drogas. Subrayó la coordinación entre Policía Nacional y Local y destacó que muchas intervenciones son “invisibles” pero eficaces, con resultados en la desarticulación de puntos conflictivos.
En definitiva, el traslado a Santa Marta se percibe como un avance necesario para mejorar las condiciones actuales, pero insuficiente sin una inversión decidida que permita recuperar cuanto antes la plena operatividad de la comisaría. La incertidumbre sobre los plazos y la presión de eventos futuros mantienen la preocupación tanto en el ámbito policial como ciudadano.
