El pleno municipal de Santiago ha bloqueado este lunes el pago de 2,6 millones de euros a Tralusa (2.569.521,90 euros) y Autocares Rías Baixas (39.723,35 euros), correspondientes a la liquidación del servicio de transporte urbano de 2025. La propuesta no ha salido adelante debido al voto en contra del PP y la abstención de las concejalas no adscritas.
Los votos favorables del Gobierno municipal, integrado por BNG y Compostela Aberta, y de los concejales socialistas no han sido suficientes para aprobar estas liquidaciones, que, según el concejal de Mobilidade, Xan Duro, permitirían saldar la deuda acumulada con las empresas que prestan el servicio de transporte urbano.
En cambio, sí se ha desbloqueado el pago a otras tres compañías, después de que el portavoz del PP, Borja Verea, solicitase realizar las votaciones por separado. De este modo, han salido adelante las liquidaciones de Autos Carballos, por 269.270,20 euros; Hermanos Ferrín, por 113.466,60 euros; y Autos Grabanxa, por 59.762,29 euros.
EL PP DENUNCIA IRREGULARIDADES EN LOS EXPEDIENTES
Durante su intervención, el portavoz del PP local, Borja Verea, ha asegurado que el debate sobre los autobuses en alquiler vuelve a poner sobre la mesa millones de euros que el Gobierno municipal está pagando como consecuencia de decisiones que, según ha señalado, la Intervención advirtió como irregulares.
«Este asunto no comienza con estas facturas, comienza cuando se deciden incorporar autobuses en alquiler al servicio municipal sin tramitar ningún procedimiento durante cuatro años. Ya me explicará alguien qué emergencia dura cuatro años», ha denunciado.
Verea también ha criticado que las últimas facturas mantienen, a su juicio, las mismas irregularidades. «Sin justificación de las cantidades propuestas no podemos votar a favor», ha afirmado, reclamando que los servicios técnicos revisen los importes y determinen si los pagos pueden realizarse sin incurrir en un «desvío de fondos irregulares».
MUÍÑOS JUSTIFICA LA ABSTENCIÓN POR LOS ERRORES DEL EXPEDIENTE
Por su parte, el concejal no adscrito Gonzalo Muíños ha recordado que el año pasado trasladaron al Gobierno local dos condiciones para respaldar estos expedientes: la presentación de un informe técnico que acreditase que los precios se ajustaban al mercado y el desbloqueo de la licitación de un nuevo contrato de transporte urbano.
El objetivo, según ha explicado, era que, cuando llegase el momento de votar la liquidación de 2025, el servicio estuviese en vías de regularización y los expedientes contasen con toda la documentación y garantías jurídicas necesarias.
«Nosotros cumplimos nuestra palabra en septiembre de 2025, pero el Gobierno local trajo estos expedientes muchísimo más tarde, plagados de errores, omisiones y reparos gravísimos», ha lamentado.
Muíños ha justificado la abstención al considerar que no pueden «asumir una ilegalidad advertida» por la Intervención General, aunque tampoco quieren votar en contra por responsabilidad hacia los trabajadores. Además, ha reprochado al Ejecutivo municipal que no encargase un informe técnico de valoración.
EL PSOE APOYA LOS PAGOS PESE A LOS DEFECTOS DE TRAMITACIÓN
La concejala socialista Marta Abal ha defendido su voto favorable por «coherencia y responsabilidad» hacia los vecinos de Santiago, pese a reconocer que la tramitación de estos gastos presenta «vicios de nulidad».
«Adolece de vicios de nulidad ahora y adolecía durante la legislatura pasada, derivados básica y esencialmente de que no tenemos contrato en vigor, pero también sabemos que es un servicio público esencial que no podemos dejar de prestar», ha señalado.
Abal también ha recordado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que el PSOE mantiene la atención puesta en la entrada en funcionamiento del nuevo servicio de autobús, prevista para el 15 de diciembre. La edil ha reclamado que se cumplan los plazos y que se tengan en cuenta las demandas trasladadas por los vecinos.
EL GOBIERNO LOCAL DEFIENDE LOS IMPORTES Y LA TRAMITACIÓN
Frente a las críticas de la oposición, el concejal de Mobilidade, Xan Duro, ha defendido la aprobación de los cinco reconocimientos extrajudiciales de crédito destinados a abonar las cantidades pendientes por la prestación del servicio de transporte urbano durante 2025.
Duro ha explicado que los importes se calculan en función de los kilómetros efectivamente recorridos y las amortizaciones correspondientes, descontando aquellos conceptos relacionados con servicios que no se han prestado.
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, también ha defendido la actuación del Ejecutivo municipal y ha asegurado que no está haciendo nada diferente a lo que hizo el anterior Gobierno para garantizar el servicio de autobuses.
No obstante, ha destacado que existe una diferencia respecto a aquella etapa: actualmente hay un contrato adjudicado. «Simplemente con eso debería de llegar, esta situación tiene un punto y final», ha concluido.
Pese a los argumentos del Gobierno local, las liquidaciones de Tralusa y Autocares Rías Baixas, que suman 2.609.245,25 euros, han quedado bloqueadas en el pleno municipal.
