Las nuevas exigencias que planteará el Gobierno en el decreto sobre creación de universidades y que este miércoles está previsto que salga en audiencia pública podrían repercutir en los expedientes que se encuentran en trámite y que actualmente afectan a nueve universidades, cuatro de ellas en Extremadura.
Una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de la reforma del decreto de 2021 para endurecer los criterios, tanto académicos como financieros, la intención del Ejecutivo es que el nuevo decreto se apruebe entre mayo y junio, para que los expedientes en trámite estén sujetos a la nueva normativa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó esta semana que la cuestión "es de urgencia" y que el decreto debe entrar en vigor "lo antes posible". Advirtió del avance de los centros privados frente a los públicos, con la creación de 26 universidades privadas desde 1998, fecha en la que se abrió la última universidad pública.
El objetivo del nuevo decreto es garantizar que no se abren nuevas universidades con informes académicos desfavorables porque no cumplen con la calidad requerida.
Desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), donde están representadas públicas y privadas, su presidenta, Eva Alcón, también rectora de la Universitat Jaume I, ve "imprescindible apostar por la calidad" de estas instituciones, si bien avanza a EFE que el texto legal que propone el Ejecutivo será sometido a un "profundo análisis".
"Vamos a seguir trabajando. Independientemente de ese análisis, la postura de CRUE no ha cambiado y seguimos manteniendo la necesidad de apostar por la calidad de las universidades como instituciones de educación superior y de investigación", incide.
En esta última década se han autorizado 10 universidades privadas y 9 más esperan la evaluación de su expediente de apertura, señalaba el presidente del Gobierno tras recalcar que a partir de ahora tendrán que cumplir con un mínimo de 4.500 alumnos durante los cinco primeros años de ejercicio y con un mayor porcentaje de dinero destinado a la investigación.
Pero la principal novedad es que los informes de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) -donde está el Ministerio y las comunidades autónomas-, así como los que emite la Aneca y las agencias autonómicas equivalentes en las comunidades autónomas serán vinculantes.
También se pedirá una mayor solidez económica de los promotores de universidades y que garanticen un 10 % de sus plazas a alojamientos de estudiantes.
Desde el Ministerio de Universidades se recalca que el nuevo decreto es fruto de las aportaciones de la Comisión de trabajo de la CRUE, de la que han formado parte expertos, académicos y el propio Ejecutivo desde hace un año.
