El Gobierno central ha señalado que está en curso una "investigación minuciosa y detallada" tras el asesinato de la educadora social de 35 años en un piso tutelado de Badajoz en el pasado mes de marzo.
"Por consiguiente y en el marco de esta actuación inspectora, está en curso una investigación minuciosa y detallada de las circunstancias en que se produjo ese accidente de trabajo, en el que se analizarán las condiciones de trabajo en las que prestaba servicios la trabajadora accidentada, así como cualesquiera otras condiciones de trabajo o circunstancias conexas que pudiera tener relación con el accidente de trabajo, comprobándose si las mismas cumplían con la normativa del Orden Social", ha asegurado el Ejecutivo.
Así lo pone de manifiesto en una respuesta parlamentaria escrita, recogida por Europa Press, a la batería de preguntas de Sumar sobre la "falta de medidas de seguridad" que pueden tener los pisos tutelados tras el asesinato de la trabajadora.
"La muerte de Belén Cortés, de 35 años, en un piso de Badajoz mientras trabajaba cuidando de un grupo de menores que cumplían diferentes resoluciones judiciales ha puesto sobre la mesa la falta de medidas seguridad que pueden tener estas viviendas y la precariedad laboral a la que se enfrentan las personas que desempeñan estos empleos, a cargo de empresas subcontratadas por las Administraciones autonómicas", denuncia Sumar.
Sumar también explica que, aunque estos centros dependen de las comunidades autónomas, son gestionadas por empresas privadas con licitaciones que se suelen dar cada cuatro años, "con faltas de control, poca rigurosidad en sus contrataciones, y pésimas condiciones laborales para sus trabajadoras, repercutiendo en las posibilidades de reinserción de los menores".
El "desgraciado suceso" ocurrió el pasado 9 de marzo en una vivienda tutelada de la localidad extremeña de Badajoz. Según el Gobierno, este hecho debe calificarse como un "accidente de trabajo" a tenor de la definición que de tal establece el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE del 31), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
En este sentido, agrega que el asesinato de la educadora está siendo objeto de investigación por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Badajoz. Asimismo, apunta que, una vez concluya, y se elabore el preceptivo informe a la Autoridad Laboral, se adoptarán, en su caso, por parte de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de su ámbito competencial, las "medidas oportunas" derivadas de la actuación inspectora.
Además, recalca que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realiza una "constante actuación de vigilancia y exigencia" del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.
