En ese recurso de nulidad, los propietarios alegan que el Tribunal Supremo "ha ido más allá del debate planteado al admitir el recurso de casación", ya que según señala, no ha tenido en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en su resolución "valoró la necesidad de reponer la situación de un modo compatible con la protección del medio ambiente", a la luz del estado real de la Isla en el momento en el que se aprobó el PIR Isla de Valdecañas.
En ese sentido, uno de los representantes legales de los propietarios, Luis Díaz-Ambrona, ha considerado que "esto podría ser motivo de vulneración de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, como es el derecho a la tutela judicial efectiva y a que las resoluciones se ciñan al objeto de debate".
Por eso, señala que los propietarios "están dispuestos, si fuese necesario, a llegar al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo", por lo que Díaz-Ambrona reafirma que harán uso de "todos los instrumentos legales a nuestro alcance para defender los derechos de los propietarios".
Según añade Díaz-Ambrona, "paradójicamente" la ejecución de la sentencia en los términos señalados por el Tribunal Supremo "tendría una mayor incidencia en el medio ambiente que la solución propuesta por el Tribunal Superior de Justicia", e incluso se podría dar la "contradicción" que ejecutando la sentencia en los términos señalados por el Tribunal Supremo, "se tengan que destruir las depuradoras, las especias autóctonas reforestadas y volver al uso desordenado y sin ningún valor medio ambiental que se encontraba el terreno antes del desarrollo urbanístico."
Así, y según señalan en un comunicado, los propietarios afirman haber adquirido sus viviendas "legítimamente y a precio de mercado" en un momento en el que no había recaído sentencia firme alguna ni constaba anotación preventiva u otra medida cautelar que les hubiera permitido conocer del litigio.
Aseguran que "han actuado de buena fe en todo momento, siempre bajo el amparo de la ley y las administraciones" y que las casas están debidamente inscritas y con sus correspondientes licencias, motivo por el que pagan sus hipotecas, así como los correspondientes impuestos desde hace años.
En ese sentido, el portavoz de los propietarios de Valdecañas, José María Concejo, ha recordado que el TSJEx decidió una ejecución alternativa al derribo total, "manteniendo lo ya construido y planeando otras medidas medioambientales", una decisión que califica de "equilibrada", y con la que todos estaban conformes.
Además, los propietarios afirman que su intención no es abandonar el lugar, sino "apostar por Extremadura y querer evitar el daño medioambiental y económico que supondría para los habitantes la demolición del complejo", señalan.
"A lo largo de estos años, las familias de Isla Valdecañas hemos forjado un fuerte arraigo con la zona y con la comunidad local", señala Concejo, que muestra la intención de los propietarios de "seguir contribuyendo al empleo y la riqueza para el entorno, por supuesto con el máximo respeto al medio ambiente, como siempre hemos hecho".
Finalmente, el portavoz de los propietarios concluye asegurando que "derribar Valdecañas sería proclamar que en Extremadura no se puede hacer nada, aunque concilie valor económico, social y ambiental", por eso considera que "la respuesta social contra el derribo es prácticamente unánime", y que el debate de fondo "gira en torno al modelo económico y ambiental sostenible que necesita Extremadura y sus habitantes para poder progresar", concluye.
