OPERACION BENZINIUM

El presidente del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra, invirtió más de 3 millones del fraude de IVA al CD Badajoz

Así lo refleja la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con la que se ha destapado una estafa de más de 13 millones de euros y desarticulado una organización criminal con la detención de 17 personas.

Cristina Martínez Mangas

Badajoz | 10.11.2021 12:11

El presidente del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra, invirtió más de 3 millones del fraude de IVA al CD Badajoz
El presidente del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra, invirtió más de 3 millones del fraude de IVA al CD Badajoz | Ondacero

La Guardia Civil, enmarcada en la denominada operación 'Benzinium', en coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude masivo del pago del Impuesto al Valor Añadido (IVA) en las ventas de una gran cantidad de hidrocarburos.

Así, han sido detenidas 17 personas por la supuesta comisión de los delitos contra la hacienda pública, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Se han realizado 17 registros en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Madrid y Badajoz. En esta última localidad se realizó el registro del estadio 'Nuevo Vivero' del CD Badajoz, donde la organización criminal habría invertido parte del dinero defraudado.

La investigación se inició durante el año 2020 cuando se detectaron varios impagos y anómalas presentaciones de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos, lo que provocó que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera diligencias sobre los hechos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras la investigación, los agentes lograron identificar un conjunto de cinco empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21% de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.

Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas empresas a nombre personas de confianza que participaban activamente en el fraude.

Estas cinco empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 más de 13 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga, permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios que disfrutaban los investigados.

La investigación también ha descubierto la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero.

El dinero defraudado era utilizado para que los detenidos llevaran un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo.

Una de las inversiones en las que se utilizó el dinero defraudado es el desvío de más de tres millones de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio Nuevo Vivero.

Una vez que se determinaron los responsables de los delitos y donde habían desviado el dinero defraudado, se procedió a realizar, previa autorización judicial, 17 registros domiciliarios en las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Madrid y Cádiz, donde se intervinieron 30 vehículos de lujo y dos yates, embargándose 36 viviendas, todo ello con el objetivo de recuperar el dinero defraudado de manera que pueda ser repuesto a la Administración Pública.

Igualmente se han precintado y embargado preventivamente seis estaciones de servicio ubicadas en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Valencia que eran propiedad de los investigados.

Esta operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y por funcionarios del área de inspección de Sevilla, Málaga y Badajoz de la Agencia Tributaria, apoyados por personal de las Comandancias de la Guardia Civil de Sevilla, Badajoz, Cáceres, Madrid, Valencia y Córdoba.