Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal, ubicado en la provincia de Valencia, dedicado al favorecimiento de la inmigración irregular mediante la venta de contratos de alquiler falsos a extranjeros en situación irregular en nuestro país, los cuales eran empleados para realizar los trámites de solicitud de residencia. Se ha detenido a 45 personas relacionadas con estos hechos en diferentes puntos de la geografía española.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales –UCRIF– de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, se inició en abril de 2025, a raíz de una intervención de la Policía Local de Valencia, donde se daba cuenta de una serie de empadronamientos fraudulentos en un piso de la ciudad.
Doble beneficio económico
Las pesquisas de los agentes permitieron localizar otras tres viviendas más, en las que el principal investigado, junto a su mujer, empleaba siempre el mismo modus operandi para obtener un beneficio económico: por un lado, alquilaban las viviendas como inquilinos, firmando un contrato de alquiler con los propietarios de las mismas. Seguidamente, a pesar de que en dicho contrato se reflejaba expresamente la prohibición de subarrendar, publicitaban las habitaciones en portales de alquiler vacacional.
Asimismo, de manera simultánea, a fin de lucrarse lo máximo posible, facilitaban a extranjeros en situación irregular contratos de alquiler de las habitaciones de cada una de las viviendas que tenían arrendadas, a cambio de 300 euros. Posteriormente, esos contratos fraudulentos eran empleados por estos ciudadanos para realizar los trámites tendentes a regularizar su situación en España, a pesar de ser sabedores de la irregularidad de dichos contratos y de que no podían vivir en esos domicilios, al estar ya ocupados por clientes captados en plataformas de alquiler vacacional.
Finalmente, tras una ardua labor de investigación, se ha detenido a un total de 45 personas, 21 por parte de la propia UCRIF de Valencia, y el resto por diversas plantillas policiales de todo el territorio nacional a raíz de las requisitorias interpuestas por los investigadores en aras a su arresto.
