Desde los sindicatos CCOO y UGT y la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) denuncian que el derecho a una vivienda digna y accesible se está vulnerando en la Comunitat Valenciana, especialmente en el caso de las personas afectadas por la DANA.
Algunas de estas familias siguen realojadas en recursos habitacionales públicos, en entidades sociales privadas o con algún familiar. Ante la actual crisis habitacional han presentado la campaña que iniciarán en septiembre.
Las tres entidades recuerdan que las ayudas del alquiler son insuficientes para que los afectados por la DANA puedan acceder a una vivienda en sus propios municipios.
El acceso a una vivienda digna es actualmente la mayor preocupación de los ciudadanos y más de la mitad dedica entre el 40 y el 60 % de su renta a esta, ya sea alquiler o compra, "muy por encima" del 30 % que indican los expertos.
Ante esta situación, las organizaciones han presentado un manifiesto en el que exigen a la Generalitat destinar el 2% del PIB a dichas políticas, unos 2.770 millones, y aplicar la Ley Estatal para intervenir en el mercado, entre otras medidas. Además, consideran que el derecho a una vivienda digna sea valorado como fundamental en la Constitución. Tino Calero es el secretario general de UGT-PV.
Sobre la campaña que impulsarán a partir de septiembre, Juan Antonio Caballero, presidente de CAVE-COVA, llama a otras organizaciones a que se adhieran y recuerda la importancia de presentar propuestas desde el Movimiento Vecinal.
