El abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez, ha asegurado este martes en su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana que el ex secretario autonómico de Presidencia Cayetano García le dijo, alrededor de las 20:25 horas que se "olvidase del confinamiento" y que no habría consulta oficial sobre este asunto. Martínez y el coordinador de la Abogacía en la Conselleria de Justicia, Ignacio Lleó, están declarando este martes como testigos en la causa que investiga la gestión de la emergencia el 29 de octubre de 2024.
Según han informado fuentes conocedoras de su declaración, el abogado general ha explicado que recibió una primera llamada de Cayetano García alrededor de las 19:45 horas de aquella jornada en la que le informó de que había riesgo de rotura en la presa de Forata y que se planteaba un confinamiento.
Ha asegurado que esa llamada no fue propiamente una consulta, sino un aviso de que se podría adoptar la referida medida. El testigo no recibió ninguna llamada por parte de la exconsellera de Justicia Salomé Pradas, ha asegurado.
Recibió una segunda llamada de Cayetano García alrededor de las 20:25 horas, es decir, tras el primer mensaje Es_Alert a la población (20:11 horas) en la que éste le informó de que no habría ninguna consulta, dado que se había descartado la posibilidad de confinar a la población.
El abogado general supo después que el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, entonces Ricardo García, llamó al abogado coordinador de la abogacía en esa Conselleria, Ignacio Lleó, para consultar sobre este mismo asunto, es decir, sobre la posibilidad de adoptar medidas como el confinamiento o el traslado forzoso de la población.
En la causa penal por la gestión de la dana consta un informe de la Abogacía de la Generalitat que indica que ningún alto cargo de la Consellerias de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito a esa Abogacía, más allá de las referidas llamadas.
Declaración del abogado coordinador de la abogacía en esa Conselleria
Por su parte, el coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia, Ignacio Lleó, ha asegurado este martes en su declaración como testigo en la causa penal por la gestión de la dana que dio el visto bueno al posible confinamiento de la población durante la dana.
Según han informado fuentes conocedoras de su declaración, Lleó ha explicado que recibió una llamada telefónica del subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, entonces Ricardo García, alrededor de las 20:45 horas del 29 de octubre de 2024 en la que le preguntaba sobre la viabilidad jurídica del confinamiento.
Ha recordado que García le dijo que había una presa (Forata) en una situación extrema y le preguntó por la posibilidad legal de plantear un confinamiento o traslados forzosos de la población, sin requerir ningún informe, únicamente una constatación verbal.
El testigo ha dicho que la protección de la vida como bien supremo está por encima de cualquier otro derecho, y que en consecuencia sí que era posible la aplicación de confinamientos o traslados forzosos.
Ha asegurado que no sabe cómo obtuvo Ricardo García la información sobre el estado de la presa de Forata y sobre las medidas que estudiaba el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) en aquellos momentos.
En la causa penal por la gestión de la dana consta un informe de la Abogacía de la Generalitat que indica que ningún alto cargo de la Consellerias de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito a esa Abogacía, pero en la tarde del 29 de octubre de 2024 sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo, que causó 230 víctimas mortales.
En concreto, se hace referencia a la citada llamada entre el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, entonces Ricardo García, y el abogado coordinador de la abogacía en esa Conselleria, Ignacio Lleó.
Por otra parte, el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, llamó al abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez, para avisarle de la posibilidad de que la consellera de Justicia e Interior -en aquel momento Salomé Pradas, una de los dos investigado en la causa- contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento. El abogado general manifestó su disponibilidad.
Después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente ni por escrito, según este informe.
