La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de seis años de prisión para el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', por las presuntas mordidas cobradas a cambio de la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura entre los años 2003 y 2007, época en la que estaba al frente del departamento la concejala fallecida Maria José Alcón. Así se desprende del escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 18 de València, dentro de la pieza E del caso Imelsa.
El fiscal atribuye a Benavent, que fue antes de su cargo en Imelsa empleado de la Fundación Jaume II el Just, los delitos de cohecho --como cooperador--, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El ministerio público también le reclama el pago de una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años. Junto a Benavent, hay cuatro empresarios acusados en esta pieza y que presuntamente recibieron adjudicaciones públicas. Uno de ellos es Vicente Burgos, exmarido de Alcón, para quien el fiscal reclama cinco años de cárcel por un delito continuado de malversación; y los otros tres empresarios son Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent, que se enfrentan a tres años de prisión por un delito de cohecho. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal interesa que Benavent y Burgos indemnicen a la Generalitat Valenciana en 164.626,08 euros por el desvío de dinero público efectuado en la Fundación Jaume II El Just.
Los contratos investigados versaban sobre obras de mantenimiento, restauración o limpieza de algunos monumentos de la ciudad de València como La Lonja, los puentes de Serranos, la Trinidad o las Torres de Quart. También a la construcción del centro de La Rambleta y a la XXVII edición del festival de cine de la Mostra. En su escrito, el fiscal expone que Benavent fue "colocado" por el Partido Popular, con el conocimiento de Burgos, en la fundación, "el cual, a pesar de cobrar un sueldo público, en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP, como reconocen los propios acusados en sus declaraciones judiciales".
El 26 de diciembre de 2017 la Generalitat extinguió la fundación con pérdidas asumidas por las cuentas públicas por importe de más de 13 millones de euros, "la cual no había sido fiscalizada nunca por la Sindicatura de Cuentas, siendo en 2016 cuando presenta su primer informe", añade el fiscal. Durante estos años --siempre según el mismo escrito fiscal--, "Benavent se dedicó a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos, de tal forma que aseguraban a las empresas ser las adjudicatarias de los contratos a cambio de un porcentaje variable que percibían en metálico una vez se había adjudicado el contrato". Este dinero era recaudado por Benavent y luego se repartía: "En algunas ocasiones suponía un incremento en los costes de la obra para que el dinero ilícitamente obtenido supusiera una mayor cantidad", agrega el fiscal. Además del dinero, en el contrato de la Mostra, Enrique Aleixandre llegó a dar un vehículo a Benavent.
El ministerio público llega a estas conclusiones, tal y como expone en su escrito, tras el reconocimiento de hechos que hizo en su momento Benavent, quien explicó el sistema de cobro de comisiones y con qué personas se reunía; y a las grabaciones que efectuaba este acusado en la época en que ocurrieron los hechos con otros acusados o investigados y que hacía "para tener una especie de seguro por si algo salía mal".
