La investigación comenzó cuando una mujer acudió a las dependencias de la Policía Nacional de Benidorm, tras ser asistida por una ONG especializada en la atención a mujeres del entorno de la prostitución, para denunciar haber sido objeto de explotación sexual. En su declaración, manifestó que había llegado a España en octubre de 2024 y se alojó en casa de un familiar.
A los quince días comenzó a trabajar en Alfaz del Pi cuidando a personas mayores. Durante ese tiempo conoció a un varón con el que inició una relación de amistad y convivencia. El hombre le retuvo el pasaporte y la obligó a prostituirse sin pagarle. Después, una pareja volvió a explotarla, controlando el dinero y suministrando drogas para mantener la actividad. Finalmente, un tercer hombre asumió un control total: imponía horarios, restringía su libertad, la forzaba a mantener relaciones y se apropiaba de todas las ganancias.
