Este lunes en la Audiencia Provincial de València se inicia el juicio a 55 personas, entre ellas, cinco empresarios, acusadas de formalizar contratos de trabajo falsos y fingir que trabajaban para una empresa de Carcaixent, con la finalidad de dar de alta a los empleados para que pudieran cobrar el desempleo o prestaciones por incapacidades temporales o maternidad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2014 y la cantidad total abonada por el SEPE a los procesados fue de 336.900 euros y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de 25.331 euros.
La acusación pública pide penas que oscilan entre los dos y los diez años de prisión por varios delitos continuados de falsedad en documento oficial, estafa y fraude en las prestaciones
