unanimidad de la corporación

Habrá comisión de investigación sobre el presunto enchufismo en las oposiciones a la policía local de Alicante

Los grupos políticos presentarán una moción urgente en el próximo pleno para la creación de una Comisión No Permanente o Específica sobre la tramitación del proceso de Oferta Pública de Empleo de la Policía Local de Alicante

Pepe Requena

Alicante | 29.03.2022 16:43

El concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, ha explicado en una comparecencia que “no hay ninguna denuncia formal, ni impugnación o reclamación al proceso”, y defendido “máxima transparencia y que el tribunal es libre, soberano e independiente, y desde el Ayuntamiento de Alicante no se van a escatimar esfuerzos para aclarar todos los aspectos relacionados con la tramitación de este procedimiento”.

Respecto a la comisión, que va a ser pública, José Ramón González ha asegurado que “no se puede prejuzgar nada, y en la comisión habrá momento de poder preguntar, dar explicaciones y vamos a ir todos a una. Por ello creamos esta comisión que creemos se tiene que celebrar en el menor tiempo posible sobre la tramitación de la Oferta Pública de Empleo de la Policía Local porque cuanto antes se aclare todo va a ser mucho mejor”.

“Ya hemos tramitado el inicio del expediente informativo que consta de dos partes una jurídica y un informe que se pide al presidente del Tribunal sobre el proceso selectivo”, aseveró el edil de Recursos Humanos quien a su vez incidió en que es “un defensor de la transparencia, y es un tema muy importante que tenemos que resolver cuanto antes porque hay personas que están afectadas y no se puede demorar en el tiempo”.

En este sentido, el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, informó que “se presentaron en esta Oferta de Empleo 1.500 solicitudes, al informe médico 914 y al psicotécnico llegaron 573 personas. Así como al primer examen fueron 281 aspirantes de los cuales aprobaron en total 144 personas”.

Las dos terceras partes de los aprobados son personas vinculadas a agentes de la policía local, empresas contratistas con el ayuntamiento, partidos políticos y sindicatos.