Dos alicantinos, vinculados al movimiento vecinal y sindical, (José María Hernández y José Luis Valdés), han interpuesto a nivel particular sendas denuncias ante el fiscal jefe de Alicante y ante los fiscales anticorrupción pidiendo la inhabilitación de los políticos y funcionarios que han recibido la vacuna.
De esta forma, abren la vía a esa posible investigación del Ministerio Público que, según José María Hernández, esperan que prospere.
Los denunciantes plantean que independientemente de que hubiera responsabilidad penal por esas conductas, se les inhabilite para ocupar cualquier cargo público, ahora y en el futuro.
Según ha explicado José María Hernández, no es la primera vez que, junto a José Luis Valdés y a nivel particular consiguen involucrar a la fiscalía en causas con “un gran rechazo social” y que sólo se quedan en eso, “en la denuncia pública”.
De esta forma, al menos han intentado que la justicia investigue a quienes “presuntamente se aprovechan de su cargo” para adelantarse a las personas prioritarias en el Plan de vacunación.
