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Aprobada el pasado 30 de junio

El TSJM suspende cautelarmente la jornada de 35 horas del Ayuntamiento de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la suspensión cautelar de la reducción de jornada de 37,5 horas semanales a 35 de los funcionarios municipales, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid el pasado 30 de junio y que fue recurrida por la Abogacía del Estado.

EFE | Madrid
| 01/02/2017
Funcionarios en una administración pública

Funcionarios en una administración pública / EFE

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha decidido esta suspensión que se alargará hasta que se resuelva el procedimiento, al entender que la medida era contraria a derecho al vulnerar la normativa básica del Estado, según sostiene un comunicado del TSJM difundido hoy.

Contra la resolución, que condena al Consistorio a pagar las costas del procedimiento, cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días.

La Delegación de Gobierno recurrió el 30 de septiembre, a través de la Abogacía del Estado, la reducción de la jornada de los funcionarios del Consistorio madrileño argumentando que la Ley de Bases de Régimen Local sobre la racionalización y sostenibilidad de la Administración establece que los funcionarios locales se rigen por las mismas normas que los funcionarios del Estado.

Un argumento que avalad el auto del TSJM, al que ha tenido acceso Efe, y que fundamenta la suspensión en que mantener la reducción de jornada "consagraría durante un período más o menos dilatado" excepciones "a la relativa uniformidad de la regulación, en materia de función pública" y se consolidarían "situaciones de difícil reversibilidad".

El Tribunal Constitucional anuló el pasado mes de septiembre la reducción de jornada a 35 horas semanales establecida en Castilla-La Mancha.

El auto del TSJM afecta al acuerdo del 30 de junio de 2016 de la Junta de Gobierno y dos rectificaciones, del 1 y del 4 de julio, sobre los horarios del Sámur y de los bomberos municipales.

Por ahora, el Ayuntamiento no ha querido valorar el auto judicial, que están estudiando, han indicado a Efe fuentes municipales.

En octubre la alcaldesa Manuela Carmena mantuvo, ante la denuncia de la Delegación del Gobierno, que el Consistorio actúa siempre de acuerdo con la "más estricta legalidad" y señaló la "hiperactividad" de la Delegación, que denunció también el cese de la interventora general y las cláusulas sociales en la contratación municipal.