La Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso dicho recurso en el que también se solicitó como medida cautelar la suspensión del Real Decreto. Entiende la Puerta del Sol que la medida extraordinaria de regularización afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios; contraviene la normativa de la Unión Europea y afecta a la Seguridad Nacional.
Una vez admitido a trámite se habilitan 5 días al Estado para alegar sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid. Para el consejero portavoz Miguel Ángel García, "el Supremo determinará algo al respecto cuando contesten".
Por último, desde el Ejecutivo regional se ha insistido de nuevo en algunas deficiencias del Real Decreto: "sólo se necesiten cinco meses de estancia en España para acreditar el arraigo;que un inmigrante en situación irregular con antecedentes penales pueda regularizarse, también aquellos que se encuentren en prisión provisional", ha criticado García.
