La dirección de Renault y la representación de los trabajadores han acordado hoy, tras un periodo de consultas, la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en los centros de trabajo de Castilla y León que permita afrontar las paradas previstas motivadas por la crisis mundial de semiconductores que está afectando a todo el sector de la automoción.
Una vez agotadas las medidas de flexibilidad de que dispone la compañía, y que recientemente fueron ampliadas a -40 días, se podrá aplicar un ERTE por un máximo de 39 días en la Factoría de Villamuriel y líneas concatenadas de Valladolid, 32 días para la planta de Carrocería y Montaje y Direcciones Centrales de Valladolid y 31 días para la Fábrica de Motores de Valladolid, hasta el 30 de septiembre de 2021. Los días de parada se irán comunicando oficialmente a medida que se vayan confirmando.
El acuerdo ha sido suscrito por la mayoría de la Comisión Negociadora (UGT, CCOO y SCP) y establece un complemento salarial a las prestaciones por desempleo de hasta un 85% del salario, se mantienen las aportaciones de la empresa a las mutuas y las vacaciones y pagas extras. Ningún trabajador pasará a situación de ERTE hasta que no estén agotados sus contadores colectivos hasta -40 días. Asimismo, se oferta a los trabajadores la posibilidad de solicitar el cambio de días individuales por días de ERTE. También se ha abierto la posibilidad de que los trabajadores que lo necesiten puedan solicitar un anticipo. Por último, el acuerdo contempla la exclusión de dicho expediente de las personas en situación de acumulación de lactancia o en reducción de jornada del 99% prevista para el cuidado de familiares con enfermedades graves.
La Confederación General del Trabajao (CGT) y Trabajadores Unidos se han desmarcado del acuerdo alcanzando entre la dirección de Renault y los sindicatos CCOO, UGT y SPC para la aplicación de un ERTE que afectará a los más de 9.100 trabajadores de las plantas de Valladolid y Palencia y que se aplicará desde mañana jueves y hasta el 30 de septiembre.
Desde CGT se asegura que no quiere ser “complice de enviar al paro a 9.163 trabajadores y justificar así una avalancha de regulaciones de empleo en empresas proveedoras y auxiliares”. Además el sindicato afirma que de la documentación entregada por la empresa se desprende que no hay causas objetivas que justifiquen la adopción de esta medida y proponen como alternativa un paro técnico y continuando, con el pago de los salarios.
Por su parte, de Trabajadores Unidos se argumenta que “la empresa hace pagar a los trabajadores sus malas gestiones por la falta de previsión de los semiconductores. La responsabilidad es de la empresa ante algo que no ha sabido resolver”.
