Una treintena de alcaldes de la provincia se han reunido con la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, para pedirle mediación para solucionar los problemas relacionados con la Confederación Hidrográfica del Tajo.
A la reunión ha asistido también el presidente de APAG, Juan José Laso, y responsables de mancomunidades de agua y de comunidades de regantes.
Este encuentro con la subdelegada del gobierno, que se realizó el 30 de mayo, es el segundo paso tras la presentación del Manifiesto promovido desde el Ayuntamiento de Jirueque, que ha sumado el apoyo de más de 130 ayuntamientos, colectivos y asociaciones, no solo de Guadalajara, también de Toledo, Cuenca y Madrid.

Reunión al más alto nivel
Los alcaldes solicitan una reunión al más alto nivel, con el presidente de Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el comisario de aguas e incluso algún responsable del Ministerio de Transición Ecológica, de quién depende el organismo de cuenca, u otros ministerios para trasladarles los problemas recurrentes a los que se enfrentan como son sanciones recurrentes por parte del organismo. Es el caso de la limpieza de cauces de ríos o arroyos sin permiso; la realización de obras o por no depurar sus aguas (aunque no están obligados a ello los municipios de menos de 2.000 habitantes, según el Tribunal Supremo).
Quieren soluciones y abrir una vía de comunicación más directa con la Confederación.
Aseguran que en muchos casos no reciben respuesta a las solicitudes de autorizaciones que realizan ante esta instancia.
Reclaman un Plan de limpieza de cauces con planificación que asuma la Confederación Hidrográfica del Tajo pues es quien tiene la competencia.
Afirman que los pequeños municipios no cuentan con presupuesto para limpiar sus cauces ni para abordar los procesos administrativos que requieren los permisos y la comunicación con este organismo.
Piden flexibilidad a la entidad para que los pueblos realicen las obras urgentes o necesarias en sus términos, sin temor a ser sancionados.
Un movimiento que se inició en Jirueque
El alcalde de Jirueque puso en marcha este movimiento -que suma por una causa común a más de 130 ayuntamientos, asociaciones y colectivos- tras recibir una sanción de 2.600 euros por parte de la Confederación tras reparar sin permiso una tubería de su arroyo que había resultado dañada en trabajos de limpieza que llevaba a cabo el consistorio. Según el regidor, fue una intervención necesaria para evitar vertidos contaminantes. Esa sanción supone un 10% del presupuesto municipal de este pequeño municipio de 47 habitantes.

