El Juzgado de Instrucción número 6 de Santander ha decretado la suspensión cautelar de dos acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación Barquín Hermoso para el cierre del colegio El Pedregal en Castro Urdiales, en concreto el de diciembre de 2024 por el que se rescindía el alquiler del edificio al Gobierno de Cantabria y el de marzo de este año que aprobaba el acta de la sesión de diciembre.
De esta forma, el juzgado atiende la demanda interpuesta por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), como miembro nato del Patronato y en la que pedía expresamente la suspensión cautelar de esos acuerdos que pretendían el cierre del centro educativo.
La propia Herrán lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer el auto judicial que, como demandante, se le ha notificado y en el que se decreta la suspensión cautelar de esos acuerdos.
Ha destacado que el juzgado haya adoptado esta medida de "manera excepcional", porque lo ha hecho sin escuchar antes a la parte demandada, la Fundación Barquín Hermoso, al entender que "hay urgencia y riesgo de daño irreparable si no se actúa con rapidez".
"La resolución reconoce indicios claros de que las decisiones que se tomaron de manera irregular en aquellos acuerdos por parte del Patronato pueden estar vulnerando derechos", ha señalado Herrán, que ha leído textualmente los argumentos de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Santander.
Así, la jueza estima que "es preciso para la adopción de una medida cautelar que exista un riesgo real de que mientras se sustancia el proceso declarativo, el demandado, en este caso la Fundación Barquín Hermoso, pueda intentar maniobras fraudulentas que pongan en peligro o hagan imposible una futura ejecución".
"En el presente caso, procede también estimar el requisito de peligro de demora procesal, derivado del contenido del acuerdo, del que resultaría la imposibilidad de desarrollo de la actividad docente ante la eventual falta de exposición del colegio y atendiendo especialmente el periodo del año en que nos encontramos ante la próxima reanudación del curso escolar", añade.
Por ello, la jueza acuerda adoptar la medida cautelar de suspensión de los acuerdos del patronato de la Fundación Barquín Hermoso adoptados el 20 de diciembre de 2024 --la rescisión del contrato de alquiler del edificio al Gobierno regional-- y el primero de los acuerdos de la reunión del 13 de marzo de 2025 --la aprobación del acta de la reunión anterior en la que se rescindió el contrato de alquiler--.
Para la alcaldesa de Castro Urdiales, esto es "una victoria legal" de los niños y niñas del CEIP El Pedregal, la Asociación de Madres y Padres (AMPA), los docentes y de ella misma, pero también "una victoria moral" para todos los que "llevamos meses y meses y meses reclamando sentido común y, sobre todo, respeto".
"Mientras la justicia actúa, algunos responsables públicos han optado por la falta de respeto, la opacidad, el insulto y, en lugar de llegar a acuerdos, se han dedicado únicamente a atacar", ha criticado la regidora socialista.
En este punto, ha lamentado que los responsables políticos del PP en el Gobierno de Cantabria "hayan tratado en todo momento de desvincularse del acuerdo tomado por la Fundación, pese a ser ellos mismos, integrantes del PP y de la Consejería de Educación, quienes aprobaban ese acuerdo".
Para Herrán, lo que han hecho los 'populares' no han sido "críticas políticas" sino "faltas de respeto personales y colectivas" y con las que buscaban "desprestigiar" a quienes, como ella, el AMPA o los docentes, se han "atrevido a decir la verdad y defender la educación pública".
Por ello, ha exigido "disculpas públicas" para las familias a las que se ha tratado con "desprecio y desconfianza", para los docentes por "ningunear su trabajo y entrega" y a los ciudadanos de Castro Urdiales por tratar, "con su negligencia política, de privarnos de algo tan esencial como uno de nuestros colegios públicos". "Y bueno, a mí, que ya es lo de menos, por todos los agravios personales que he tenido que recibir", ha añadido.
La alcaldesa ha considerado que esas disculpas que exige "no son una petición personal sino una obligación democrática y moral".
