Una de las viviendas públicas que el Gobierno de Cantabria tiene en Torrelavega ha sido 'okupada' esta semana tan solo 24 horas después de ejecutarse el lanzamiento de su inquilina, que tiene una deuda superior a los 9.000 euros con la Administración tras más de dos años sin pagar el alquiler, pese a no ser una persona vulnerable según la Justicia.
El Gobierno abrió el primer expediente para reclamarle las mensualidades pendientes en noviembre de 2023 --la cuota era de 337 euros más gastos de comunidad--, y a partir de ahí se inició un proceso judicial que dio la razón al Ejecutivo y que culminaba con el desalojo que se ejecutó el martes a las 10.30 horas, cuando se cambió la cerradura del inmueble y del trastero.
Sin embargo, cuando el personal de la empresa pública Gesvican volvió al día siguiente a la vivienda de cara a acondicionarla para alquilarla de nuevo, comprobó que se había cambiado de nuevo el bombín y que "volvía a estar okupada ilegalmente", "probablemente por la misma persona".
El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha dado a conocer este jueves los hechos, tan solo unos días después de anunciar la okupación de otra de las viviendas protegidas del Gobierno en Orejo, y ha denunciado la situación "insostenible" que achaca a una ley estatal que "protege al delincuente y deja absolutamente abandonado" y "desprotegido" al propietario.
"Es una vergüenza lo que está pasando y la desprotección de la propiedad privada es absoluta en este país". "Desde la propia Administración hemos tardado años en poder desalojar a una inquilina que no pagaba porque no quería [...], y menos de 24 horas después de que ese juzgado les obligue a salir, nos han vuelto a okupar la vivienda", ha lamentado, añadiendo que la Policía Nacional, al igual que en el caso de Orejo, traslada que "no puede hacer nada" porque "no tienen herramientas legales".
En concreto, la denuncia se interpuso este miércoles a las 15.00 horas, y de nuevo el Gobierno tendrá que esperar a que haya una resolución judicial para poder desalojar.
Según ha relatado Media --que no ha desvelado de que promoción de viviendas se trata para no generar "efecto llamada"-- anteriormente había dos inquilinos en el domicilio y uno de ellos lo abandonó en noviembre de 2023. A partir de ahí, la otra residente empezó a pagar solo la mitad del alquiler hasta octubre de 2024, y desde esa fecha dejó de abonarlo por completo, con lo que su deuda asciende a 9.368 euros.
Tras abrir el primer expediente para reclamar lo adeudado el 14 de noviembre de 2023, el Gobierno obtuvo en enero de 2025 una primera sentencia a su favor, que la inquilina no cumplió. En mayo del año pasado se abrió un nuevo expediente de reclamación de las cantidades pendientes y desahucio, y en febrero de 2026 el Tribunal de Instancia de Torrelavega declaró resuelto el contrato de arrendamiento, y días después señaló el desalojo definitivo para este martes 28 de abril.
Media ha aludido a los datos de okupación publicados ayer mismo en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, respecto a los que ha recalcado que en 2025 Cantabria tuvo "una de las cifras más altas de los últimos años", "por mucho que algunos digan lo contrario".
Y ha advertido que lo sucedido en Torrelavega y Orejo "no son hechos aislados", poniendo como ejemplo las ocho viviendas ocupadas con sentencias de derribo en Argoños desde 2022, y tras la indemnización a sus propietarios. Pese a ello, ha asegurado que no ha sido posible desalojarlas, toda vez que la Justicia que ha dado la razón a los okupas al considerar que no existía vocación de permanencia, "al tratarse ocupaciones rotatorias y sin estancia fija". Algo que, nuevamente, ha vuelto a atribuir a la actual Ley de Vivienda, por lo que ha insistido en la necesidad de derogarla.
Además, ha indicado que el Ejecutivo se ha visto obligado a contratar servicios de vigilancia y seguridad privada en diferentes promociones, en lo que ya lleva gastados 250.000 euros. "No puede ser la solución".
En este punto se ha dirigido al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a quien ayer envió un correo para informarle de lo ocurrido en la vivienda de Torrelavega y pedirle que "cumpla con sus competencias". Además, le ha exigido que, ya que "habla de todo menos de lo que debe", se pronuncie también sobre la okupación, pues a su juicio no lo hace porque "lo que está pasando desmonta todo su discurso y el de su partido".
"Desde que llegó a su cargo, el señor Casares se ha convertido en el opinador oficial sobre cualquier tema de actualidad de Cantabria. Opina de todo y de todos, y sin embargo, se ha quedado mudo con este asunto, que es un tema de seguridad ciudadana, que es una competencia directamente suya", ha sentenciado el consejero.
Y es que, en su opinión, la Ley de Vivienda estatal es la "responsable de cómo está el mercado", de los precios y de que hayan "desaparecido" más del 35% de los pisos que había en alquiler.
"Este es el país que nos va a dejar Pedro Sánchez". "¿Quién que tenga una vivienda cerrada de las más de 50.000 que tiene Cantabria la va a poner en alquiler? Sería un suicida", ha lamentado, añadiendo que, "cualquier ciudadano" de Europa --"francés, inglés, alemán o italiano"--, "alucinaría. No se creerían que estamos hablando de un país europeo, civilizado y con normas. Pensarían que estamos en un país bananero".
