Las movilizaciones de este 3 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife llegan después del rechazo en el Congreso a los dos decretos estatales sobre vivienda. Los colectivos reclaman limitar los alquileres, ampliar el parque público y avanzar hacia una huelga general por el derecho a la vivienda. Fuerteventura se ha sumado igualmente a la jornada y Lanzarote tiene prevista una concentración este domingo.
El lema elegido para estas movilizaciones, “Hacia la huelga general”, refleja un cambio de escala en las reivindicaciones. Javier Marrero, de Derecho al Techo" destaca la principal reivindicación. Los sindicatos y plataformas de inquilinos plantean que las protestas no terminen con esta jornada y reclaman preparar una huelga general vinculada al derecho a la vivienda. En Gran Canaria, la plataforma Derecho al Techo ha defendido una respuesta social “amplia y sostenida” y ha anunciado que continuará organizándose frente a los desahucios. Detrás de las pancartas hay un problema que se ha ido trasladando desde el mercado inmobiliario a la economía cotidiana de las familias. El encarecimiento de la vivienda está elevando el esfuerzo necesario para alquilar o comprar, especialmente en las principales áreas urbanas y turísticas del Archipiélago. Un informe basado en datos del Banco de España señala que el precio real de la vivienda en Canarias creció cerca de un 4% anual entre 2014 y 2025, prácticamente el doble de la media española. En 2024, los hogares canarios necesitaban aproximadamente 6,7 años de renta neta para adquirir una primera vivienda y destinaban alrededor del 26,4% de sus ingresos al alquiler. El mismo análisis señala una presión especialmente significativa en áreas como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife.
“El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria”
La crítica al Ejecutivo autonómico se ha convertido en uno de los mensajes centrales de las protestas. Durante la cacerolada celebrada el jueves en Las Palmas de Gran Canaria, los manifestantes corearon “Gobierno de Canarias es una inmobiliaria”, junto a consignas como “Canarias no se vende” y “Ni casa sin gente, ni gente sin casa”. El Gobierno de Canarias, por su parte, sostiene que el aumento del parque público constituye una de las vías para afrontar el problema. La diferencia entre ambos enfoques es uno de los elementos que explican el conflicto: mientras las organizaciones sociales reclaman una intervención más directa sobre el mercado, el Ejecutivo autonómico defiende también el incremento de la oferta y el desarrollo de vivienda pública.
Las Palmas, ante el expediente de zona tensionada
Uno de los asuntos que concentra mayor atención en Gran Canaria es la posible declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado residencial tensionado. El Ayuntamiento solicitó esta declaración al Gobierno de Canarias en mayo de 2024. Tras sucesivos intercambios de documentación, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha anunciado que el expediente será sometido a información pública durante este mes de octubre. El procedimiento contempla un periodo de exposición de al menos 20 días antes de analizar las alegaciones y continuar con la tramitación. La decisión final corresponde a la comunidad autónoma. Los datos aportados por el Ayuntamiento dibujan una situación especialmente exigente en la capital grancanaria. Según la documentación municipal, el esfuerzo medio de los hogares para afrontar el alquiler y los gastos básicos asociados alcanza el 30,97% de la renta. Además, el 77% de la población reside en distritos donde ese esfuerzo alcanza o supera el 30%. El Ayuntamiento calcula también que el alquiler aumentó un 29,4% entre 2019 y 2024. La declaración de zona tensionada no supondría, por sí sola, una solución inmediata al problema de la vivienda. Sí abriría la puerta a utilizar determinadas herramientas previstas en la legislación estatal para mercados residenciales con dificultades de acceso, dentro de los requisitos y procedimientos establecidos legalmente.
La protesta de este 3 de octubre llega además en un momento de especial tensión política. El Congreso rechazó el viernes los dos reales decretos de vivienda presentados por el Gobierno estatal. Las normas incluían medidas relativas a la protección frente a determinados desahucios, la estabilidad de los alquileres, la regulación de determinadas operaciones inmobiliarias y el refuerzo de la vivienda asequible. La reclamación de una huelga general aparece así como una posibilidad planteada por el movimiento social, todavía sin una convocatoria general fijada para Canarias. El objetivo anunciado por los colectivos es convertir la vivienda en una reivindicación transversal vinculada a las condiciones de vida y al coste que supone acceder a un hogar.
