La Administración de Justicia en Menorca continúa afrontando importantes dificultades derivadas de la falta de personal, la interinidad de los funcionarios y la elevada carga de trabajo. Así lo ha explicado Juan Pablo Molina, magistrado destinado actualmente en Maó, durante una entrevista en Más de Uno Menorca, en la que ha puesto cifras y ejemplos a la situación que atraviesan los juzgados de la isla.
Uno de los datos más destacados es el tiempo de espera para resolver los procedimientos civiles. Según ha explicado Molina, la media para tramitar un asunto civil en un juzgado de instancia de Menorca se sitúa en torno a los nueve meses, un plazo que puede alargarse considerablemente si alguna de las partes presenta un recurso ante la Audiencia Provincial.
El magistrado atribuye parte de estas demoras a los problemas de insularidad y movilidad que afectan a los funcionarios judiciales. Según ha señalado, algunas plazas permanecen vacantes y otras se cubren durante periodos muy breves, ya que muchos trabajadores procedentes de fuera de las islas regresan a sus lugares de origen en cuanto tienen oportunidad. Esta situación provoca una sobrecarga de trabajo para el resto del personal y ralentiza la tramitación de los procedimientos.
Siete magistrados para toda Menorca
La isla cuenta actualmente con dos partidos judiciales, el de Maó y el de Ciutadella, y un total de siete magistrados: cuatro en Maó y tres en Ciutadella.
Ambos partidos judiciales tienen jurisdicciones mixtas, por lo que sus profesionales deben atender asuntos civiles, familiares y de instrucción penal. Además, las guardias representan una carga añadida. En Maó se realiza una guardia semanal cada tres semanas, mientras que en Ciutadella corresponde una cada dos semanas.
Molina también ha recordado que España mantiene una ratio de entre 11 y 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de aproximadamente 21. A su juicio, las 575 plazas convocadas para 2026 representan una de las cifras más elevadas de los últimos años, pero siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades del sistema y las futuras jubilaciones.
Aumentan las estafas informáticas
Entre los asuntos penales que llegan con mayor frecuencia a los juzgados, Molina ha destacado las estafas informáticas, especialmente aquellas relacionadas con la suplantación de identidad y las transferencias bancarias no autorizadas.
Ha explicado que estos procedimientos suelen ser complejos porque pueden intervenir varias personas que actúan como intermediarias para transferir el dinero entre distintas cuentas, incluso a otros países. Una circunstancia que dificulta tanto la investigación como la recuperación de las cantidades estafadas.
También ha señalado el tráfico de drogas y los delitos relacionados con la violencia doméstica y de género entre las materias que ocupan buena parte de la actividad judicial.
En relación con la violencia de género, el magistrado considera que actualmente se denuncia e investiga más, aunque matiza que no puede afirmar que hayan aumentado los casos sin un estudio específico. En el partido judicial de Maó, ha apuntado que se habían tramitado aproximadamente 200 asuntos relacionados con violencia de género durante 2026, según las cifras que había consultado.
La falta de profesionales también afecta a los casos de familia
Otro de los problemas expuestos durante la entrevista afecta a los procedimientos de familia, especialmente cuando hay menores implicados y es necesario realizar estudios sobre su entorno familiar, social y educativo.
Molina ha explicado que Menorca estuvo durante años sin un psicólogo en el Instituto de Medicina Legal (IML), una plaza que, según ha indicado, se cubrió finalmente dos meses antes de la entrevista.
La ausencia de este profesional dificultaba la elaboración de informes especializados en casos especialmente delicados, obligando en ocasiones a recurrir a psicólogos externos o a los servicios sociales municipales.
El magistrado también ha recordado que el impago de una pensión de alimentos establecida judicialmente puede llegar a constituir un delito cuando se dejan de abonar al menos dos mensualidades y el obligado mantiene capacidad económica para hacerlo.
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