El Parlament de les Illes Balears ha aprobado este martes la modificación de la ley de puertos de Baleares con los votos de PP y Vox, una reforma que amplía las concesiones a los clubes náuticos y marinas deportivas de los actuales 35 años hasta los 50.
El diputado del PP Sebastià Mesquida ha defendido que la reforma era necesaria para equipar la normativa balear a la del resto de comunidades autónomas y a las nuevas disposiciones estatales. Ha garantizado que las prórrogas no serán un "cheque en blanco" para las concesionarias y que la ley blinda a los clubes frente a entidades mercantiles, exigiendo inversiones mínimas en los puertos y permitiendo a los clubes presentar sus propios proyectos de gestión.
La oposición ha rechazado la reforma con argumentos centrados en la privatización. El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha tildado la ley de "fiasco" por no establecer ninguna diferenciación real entre los clubes náuticos, con función social, y las entidades privadas con ánimo de lucro, y ha pronosticado una "inercia imparable hacia la privatización de los puertos". En la misma línea, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon Salas ha denunciado que la nueva ley establece "menos control público y garantías ambientales" y ha criticado un modelo que expulsa a las embarcaciones pequeñas y convierte el mar en "un lujo".
Todas las enmiendas planteadas por la oposición, que incluían desde limitar los usos comerciales en los puertos hasta prohibir la reventa de amarres o fomentar los deportes náuticos entre las mujeres, han quedado rechazadas por los votos de PP y Vox.
