El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha advertido este martes que la regularización planteada por el Gobierno central traslada la idea de que llegar a Baleares de manera ilegal "tiene premio" y es una injusticia para "los que llegan a integrarse y a aportar".
En una rueda de prensa, Pavón ha asegurado que no dispone de información de a cuántas personas podría afectar este proceso en el archipiélago, aunque ha recordado que sólo en patera han llegado a Baleares unas 20.000 personas en los últimos cinco años. "No lo sabemos nosotros y estoy convencido de que no lo sabe nadie", ha afirmado. Para el director general, "dar papeles" no garantiza la integración y ha defendido una inmigración, legal ordenada y controlada.
Manuel Pavón ha trasladado la postura del Ejecutivo autonómico y ha argumentado que las regularizaciones masivas no son una solución humanitaria, sino una improvisación sin control ni garantías que generan falsas expectativas y un efecto llamada que alimenta a las mafias.
Para el director general, dar papeles no garantiza la integración. "La integración no se decreta, se construye con empleo estable, con acceso a la vivienda digna, con conocimiento del idioma, respeto a nuestras costumbres y a nuestras normas comunes. Sin eso, una regulación masiva como la que parece que va a acontecer se quedará en papel mojado y va a generar más precariedad y más tensión social", ha afirmado.
Ante la posibilidad de que durante el proceso de regularización baste una declaración jurada si no se puede presentar un certificado de antecedentes penales, Pavón se ha mostrado preocupado recordando que una personas puede tener antecedentes policiales pero no penales.
El director general ha criticado la falta de lealtad del Gobierno central respecto a las Comunidades Autónomas a la hora de elaborar una planificación y establecer unos criterios uniformes y consensuados. Pavón ha criticado así que la propuesta pactada no explique qué criterios u obligaciones se van a exigir ni cómo se va a garantizar la integración. "Es una decisión a ciegas que se ha tomado sin planificación ni consenso con el resto de CCAA", ha concluido.
