El Consell de Mallorca ha cerrado la campaña de verano con 3.043 actuaciones de inspección, tanto sobre oferta legal como ilegal, un 19% más que el año anterior. De ellas, 1.659 se han centrado en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, lo que supone triplicar las visitas realizadas en el verano de 2023, cuando se registraron 593.
El Conseller de Turismo, del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez defiende que el plan contra la oferta irregular puesto en marcha desde 2023 “está funcionando” y que la intensificación de las inspecciones busca “disuadir a quienes siguen operando fuera de la ley”.
Airbnb y Holidu eliminan 20.000 plazas ilegales
Una de las principales novedades del balance es el impacto de los acuerdos alcanzados con plataformas de comercialización como Airbnb y Holidu. Según el conseller, solo Airbnb ha retirado ya más de 4.400 anuncios sin número de registro oficial, lo que equivale a más de 20.000 plazas eliminadas del mercado ilegal en Mallorca.
El departamento subraya que las plataformas se han comprometido a seguir desactivando cualquier anuncio que no incluya el número de registro obligatorio otorgado por el Consell o presente irregularidades, y considera esta colaboración público‑privada “un paso decisivo” en la lucha contra la oferta turística ilegal.
Más de 10 millones en sanciones propuestas
En lo que va de año se han abierto alrededor de 180 expedientes sancionadores, una cifra similar a la de 2024, pero el volumen económico de las multas propuestas se ha disparado. El importe total asciende a unos 10 millones de euros, más del doble de los 4,4 millones propuestos el año anterior.
El Consell defiende que la reestructuración del departamento de Turismo y la unificación de las áreas de inspección y sanción permiten una tramitación más ágil, lo que se traduce en un mayor número de expedientes resueltos.
Errores administrativos y expedientes caducados
Rodríguez también ha admitido que la puesta en marcha de la nueva unidad de inspección y sanciones ha conllevado “errores” en la gestión. Algunos expedientes sancionadores han caducado por plazos administrativos, lo que ha impedido que las multas se consolidaran en tiempo y forma.
El conseller atribuye estas caducidades a la “curva de aprendizaje” y a las limitaciones de personal, pero insiste en que no suponen “impunidad de ningún tipo”, ya que el Consell está volviendo a iniciar estos procedimientos tras nuevas inspecciones para comprobar si se mantienen las infracciones detectadas.
