El Govern está preparando una deducción fiscal para incentivar a los propietarios a no subir los alquileres en el caso de los contratos que se revisen en 2026. Así lo ha dicho el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en el pleno del Parlament de este martes en respuesta a una pregunta de diputada socialista Mercedes Garrido.
La socialista le ha preguntado qué medidas tenía pensado adoptar el Ejecutivo autonómico ante la previsión de que, según datos del Ministerio de Consumo, unos 24.000 contratos de alquiler vayan a acabar el año que viene y que los precios podrían encarecerse, de media, hasta 4.615 euros anuales. "Este Govern adoptará nuevas medidas ante la revisión de los alquileres. Este Govern apuesta por incentivar, no prohibir, no limitar nuestra oferta al mercado", ha señalado el conseller. La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, ha adelantado, ya está "preparando una deducción fiscal para incentivar a los propietarios de viviendas a no subir los alquileres de los contratos que finalicen en 2026".
Las medidas que adopte el Govern para dar respuesta a la revisión de los alquileres, ha subrayado, se decididrán "desde la responsabilidad" y buscando "que no generen el efecto contrario de lo que pretendenc omo suciede con la intervención de los precios del alquiler". Además, Mateo, citando unas palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha puesto en duda los datos de Consumo y ha considerado que "no es serio" que el PSIB emplee los datos "que rechaza su ministra". Durante su respuesta a Garrido y a la también diputada socialista Pilar Costa, el conseller ha contrarrestado sus críticas poniendo en valor las medidas impulsadas por el Govern para facilitar el acceso a la vivienda.
"Estamos poniendo todas las herramientas a nuestro alcance para contener los precios de los alquileres, estudiando medidas viables jurídicamente que puedan ser efectivas para solucionar un problema que se viene gestando desde hace varios años por mucho que ustedes miraran hacia otro lado", ha dicho. Una de las medidas que ha sido objeto de críticas por parte de las socialistas han sido los proyectos residenciales estratégicos (PRE) que, según han afirmado, los promotores no prevén que se pongan en marcha antes de que acabe la legislatura.
"Ya han entrado dos PRE en el Ayuntamiento de Palma, y están pendientes otros tres. Estamos hablando de más de 4.000 viviendas, 2.000 asequibles para residentes. Somos los primeros consicentes de que la situación es complicada, pero actuamos de forma seria y con medidas viables", ha zanjado.
