El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de Baleares a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que regula subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.
Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, unas semanas después de anunciar que la Abogacía lo estaba analizando. "Es profundamente discriminatorio", ha considerado.
Desde el Govern han criticado que el Consejo de Ministros aprobara este real decreto "sin tener en cuenta" las alegaciones presentadas por el Ejecutivo.
A su entender, la normativa vulnera el principio de igualdad territorial y de autonomía política, además de invadir la competencia autonómica en materia de vivienda.
Igualmente, ha afirmado que la Abogacía de la Comunidad Autónoma analizará el decreto ley de prórroga de los alquileres convalidado por la Diputación Permanete del Congreso para estudiar si "hay algún tipo de invasión competencial" y, en ese caso, interponer un recurso. "Un decreto que fue rechazado en el pleno del Congreso, que representaba la voluntad del pueblo español en 2023, resulta que con unas mayorías diferentes se convalida", ha subrayado Costa, quien ha agregado que la valoración del Ejecutivo sobre la norma "no es muy favorable".
