Así, el Ministerio dirigido por Ana Mato ha presentado a las comunidades autónomas reunidas este martes en Conferencia Sectorial un borrador de lo que será el catálogo de referencia de servicios sociales para todo el país, que distinguirá entre prestaciones básicas y prestaciones complementarias al fijar los mínimos comunes que se deben ofertar en todo el territorio.
Según ha informado el Ministerio, "la tarea no ha resultado sencilla habida cuenta de la diversidad de legislación autonómica que hay sobre la materia y de las variadas estructuras de los organismos que en cada comunidad gestionan asuntos sociales, pero la redacción de este borrador al final ha sido posible gracias a la colaboración de todos los implicados".
En el catálogo se entenderá por prestaciones básicas aquellas de acceso universal, que responden a "preceptos establecidos en leyes estatales, que hacen referencia a prestaciones básicas o se ofrecen de forma generalizada en todo el Estado", conforme explica el Ministerio.
En cuanto a las complementarias, serán "las más especializadas y técnicas y las que se dirigen a determinados sectores de población" que están amparadas por la legislación autonómica.
Asimismo, el catálogo distinguirá, por un lado, los servicios y por otro, las prestaciones. En el primer capítulo se englobarían desde los servicios de información, orientación, asesoramiento y diagnóstico tanto en atención primaria como en especializada hasta los de atención telefónica a víctimas de violencia de género.
Asimismo, incluiría los servicios de protección de menores, valoración en Dependencia, Discapacidad e Inmigración, atención residencial, atención psicosocial, prevención e inclusión social y protección jurídica.
En cuanto a las prestaciones económicas, incluye las rentas mínimas, las ayudas de emergencia, y las que se proporcionan a víctimas de violencia de género, a personas en situación de dependencia y a la movilidad.
47 MILLONES PARA SERVICIOS SOCIALES
Por otra parte, la sectorial ha pactado la distribución de 47,3 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el Plan Concertado de desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en los entes locales, partida que se ha visto reducida un 45,4 por ciento respecto de 2011.
Estos fondos están destinados a proporcionar servicios sociales a los ciudadanos desde sus ayuntamientos, dotar a éstos de apoyo económico y asistencia técnica, y consolidar la red de servicios sociales municipales, con atención prioritaria a la ayuda a domicilio y la teleasistencia.
El 19,69 por ciento del presupuesto irá a parar a Andalucía, el 14,22 por ciento a Cataluña y el 11,49 por ciento a la Comunidad de Madrid. Asimismo, Aragón obtendrá el 3,46%; Asturias, el 3,13%; Baleares, el 1,93%; Canarias un 4,37%, Cantabria el 1,54 %, Castilla-La Mancha el 5,27%, Castilla y León un 7,63%, Extremadura el 3,45%, Galicia un 8,36%, Murcia el 2,95%, La Rioja un 1,50% y la Comunidad Valenciana el 9,95%,
Ceuta y Melilla, que reciben cada una un 0,50% de la partida, contarán con 200.000 euros más como consecuencia de la ampliación del crédito acordada por el Consejo de Ministros.
No ha sido éste el único aspecto abordado en la Sectorial, en la que además, se ha dado el visto bueno a la Estrategia Nacional para la inclusión del pueblo gitano, un proyecto con un periodo de aplicación de ocho años, desde 2012 a 2020; y la elección de Navarra como comunidad que albergará el Congreso Estatal del Voluntariado del año que viene.
