El Partido Socialista y Unidas Podem han presentado este miércoles 25 de febrero una iniciativa conjunta para exigir al Consell de Ibiza que devuelva el acceso a la tarjeta de transporte público a todos los inmigrantes residentes en la isla, independientemente de su situación administrativa, después de que una instrucción interna aprobada en diciembre por la institución limite la obtención de la tarjeta únicamente a quienes disponen de DNI o NIE, dejando fuera a quienes solo cuentan con pasaporte, pese a estar empadronados.
En este sentido, Víctor Torres, portavoz adjunto del Consell de Ibiza, ha explicado en Onda Cero que esta decisión afecta a "más de 3.000 personas" y que supone "una medida discriminatoria e injusta ya que hasta diciembre cualquier residente empadronado —con DNI, NIE o pasaporte— podía acceder a la tarjeta, actualmente gratuita gracias a la bonificación estatal".
Además, el portavoz socialista ha puesto de relevancia la importancia del transporte público entre este colectivo "a la hora de trabajar, estudiar o acudir a un centro de salud" y ha asegurado que ambas formaciones han presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, "solicitando que investigue si la instrucción vulnera la Constitución" ya que según sus palabras, "el artículo 14.3 reconoce que los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas".
Así, Torres ha detallado que la iniciativa reclama que el Consell de Ibiza "retire la instrucción y restituya el acceso universal a la tarjeta de transporte teniendo en cuenta que en un territorio insular donde el autobús es el único transporte público disponible, la exclusión de este colectivo hace muchísimo daño y dificulta el ejercicio de derechos fundamentales como el trabajo, la educación o la salud".
Por último, también ha señalado que varias asociaciones de inmigrantes ya han registrado solicitudes formales para revertir la medida y en este sentido ha recordado precedentes similares en Tenerife y la Comunidad Valenciana, "donde instituciones públicas rectificaron restricciones al transporte por considerarlas contrarias al principio de igualdad".
