El Gobierno de Asturias gestiona en 36 días la prestación de la eutanasia, desde el momento en el que se solicita la ayuda hasta que se aplica, según se recoge en el informe anual de la Comisión de Garantía y Evaluación sobre la Ley Orgánica de Regulación la Eutanasia (LORE) correspondiente a 2025. Los datos divulgados hoy reflejan que la tramitación de este derecho en el Principado rebaja los plazos a menos de la mitad de la media nacional, que se situó en 81,97 días en 2024, el último del que se tienen cifras completas.
Además, la tramitación en Asturias se ha rebajado en diez días respecto a 2024, año en el que el plazo medio de gestión se situó en 46 días. En total, 30 personas presentaron solicitud de ayuda para morir dignamente, de las cuales se realizaron diez. En todos los casos, la primera solicitud fue firmada por un profesional sanitario del Servicio de Salud (Sespa).
La directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande, ha participado hoy en la reunión de la comisión en la que se ha presentado el informe. El comité está formado por perfiles profesionales de medicina, enfermería, psicología clínica, trabajo social y Derecho.
Allande ha señalado que el número de solicitudes de prestación de ayuda para morir en el Principado “se mantiene estable desde la entrada en vigor de la ley, en el verano de 2001, y oscila entre las 30 y las 35 por año”. Una continuidad que subraya José Fernández, presidente de la comisión de garantía y evaluación del Principado. La estabilidad en solicitudes y en prestaciones de ayuda realizadas, desmiente, afirma, el temor inicial sobre que esta ley supondría una pendiente peligrosísima hacia la normalización del suicidio asistido. En los más de cuatro años que lleva en vigor, agrega, ha habido, en Asturias, 124 solicitudes, 41 autorizadas y 36 realizadas.
En cuanto al perfil de las personas que demandan este derecho, destaca un aumento entre quienes ya disponen de un documento de instrucciones previas (testamento vital), que suponen un 70% del total de solicitantes.
La mayor parte de las solicitudes se sitúan en edades comprendidas entre los 60 y los 79 años. Respecto a las patologías, en el último año se registró un descenso de las enfermedades neurológicas y un incremento de las oncológicas, las dos más habituales entre las personas solicitantes.
La Consejería de Salud seguirá reforzando la formación de profesionales y la información a la ciudadanía para garantizar el derecho a una muerte digna y libre de sufrimiento innecesario.
