El Principado presenta una batería de medidas de choque para acortar, a los 180 días que marca la ley, la tramitación de la dependencia.
2 millones, 200 mil euros de inversión y un objetivo: pasar de los 451 días actuales a 180, a finales del 2026. El plan Agiliza, aprobado este lunes, en consejo de Gobierno incluye novedades normativas y organizativas, así como la contratación de más personal. La vicepresidenta, Gimena Llamedo, confirma que, a partir de marzo, se pondrá en marcha el plan de contrataciones: "Hacemos lo que debe hacer un gobierno de progreso; reconocer un problema y reaccionar con contundencia y sin escatimar recursos, para atender a las personas que más lo necesitan".
A partir de marzo, se pondrá en marcha la contratación de 41 funcionarios, desglosados en los siguientes perfiles: un administrativo, 11 gestores y 29 trabajadores sociales. Desde enero, además, se ha ampliado una asistencia técnica con la empresa pública Tragsatec, filial de Tragsa, para dotar de soporte funcional a la herramienta informática, optimizar su funcionamiento y facilitar la resolución de incidencias.
También, se aplicará un refuerzo en procesos informáticos, como la robotización automática de procesos, se implementará el uso de la inteligencia artificial, para la lectura de documentos y la identificación de expedientes con riesgo de retrasos y se aprobará, tal y como comparte la consejera de derechos sociales, Marta del Arco, la aprobación de un decreto, en el segundo semestre del año: "Esta iniciativa demuestra, tanto la capacidad de respuesta del Principado, como nuestro compromiso con el refuerzo del estado de bienestar".
De hecho, la consejería ya ha puesto en marcha diversas iniciativas para mejorar la tramitación. A esta decisión se sumará la aprobación de un decreto, en el segundo semestre del año, con el objetivo de agilizar las tramitaciones, simplificar la regulación relativa al acceso y las prestaciones, promover la disponibilidad de profesionales cualificados en el sector de los cuidados y mejorar, también, la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades irreversibles de alta complejidad.
El plan también incluye la dotación de más medios, para facilitar la labor de las personas valoradoras de la dependencia, el refuerzo de la colaboración institucional, con diferentes ayuntamientos, y un convenio con la consejería de Salud. El Principado ya ha encomendado la gestión de las valoraciones y de la elaboración de los programas individuales de atención a los ayuntamientos de Coaña, Villayón, Castropol, Ibias y Cangas del Narcea, durante el periodo 2024-2027. Ahora, el gobierno pretende extender este modelo de colaboración institucional a más concejos.
