Porque la normativa, que entraría en vigor en 2027, prevé que los chiringuitos deban desmontarse al término de cada temporada, que se extendería unos 7 meses. Eso impediría que aquellos negocios que dan servicio todo el año pudiesen hacerlo, advierte el presidente de la recientemente constituida asociación de chiringuitos de playa. Iván Suárez no entiende que se vaya en contra de la tan ansiada desestacionalización, además de alertar sobre el coste y las dificultades de andar desmontando las estructuras.
Tampoco están de acuerdo con la orden de cerrar los negocios a medianoche. Quieren ser tratados como el resto de la hostelería y poder abrir en los mismos horarios. Recuerdan que generan mucha actividad económica y empleo, algo que podría estar en riesgo porque en las circunstancias que pretende la consejería de ordenación del territorio habría negocios que se plantearían sin continuar.
Iván Suárez recuerda que ya tienen que capear con la meteorología como para que obstaculicen su actividad desde el gobierno. Confían en llegar a un acuerdo con el ejecutivo "por las buenas". No se plantean aún si acudirían a la justicia. Esta semana se ha anunciado la apertura de una negociación. Desde la asociación quieren dejar claro que no son "enemigos" del litoral.
