El Principado asegura que la norma busca un triple objetivo: aumentar la calidad de la oferta, facilitar la convivencia entre visitantes y población y combatir prácticas ilegales. El cambio legislativo se enmarca en la decisión del Ejecutivo de preservar el modelo del paraíso natural, definido por la calidad y el equilibrio, así como por el respeto al territorio y los valores ambientales de la comunidad.
En el lado contrario, la asociación de alquiler de corta estancia, CASOCIA, considera que el decreto presenta serias dificultades tanto en su aplicación práctica como en su encaje jurídico. Introduce obligaciones impropias de una vivienda, incorpora medidas con efectos retroactivos sobre licencias ya concedidas y no diferencia entre realidades territoriales claramente distintas, como las zonas urbanas, rurales o los distintos niveles de densidad de población. Todo ello genera un escenario de inseguridad jurídica que afecta a propietarios, profesionales y empresas que desarrollan su actividad de forma legal. Desde la asociación se viene alertando desde hace tiempo de que este enfoque no responde a la realidad operativa del sector ni a un análisis técnico riguroso. A falta del estudio del texto definitivo, están preparados para acudir a los tribunales.
Uno de los principales encontronazos tiene que ver con la calidad. El Principado asegura que se quiere proteger esa calidad. El sector afirma que los datos les avalan.
