La regularización de migrantes se desarrolla con normalidad en Aragón, a la espera de que empiecen a producirse las resoluciones. Casi un mes después de que empezara el proceso, todavía no hay cifras territorializadas oficiales de solicitudes. Son unas 200.00 en toda España.
En Aragón, 18 entidades sociales están ayudando a hacer los trámites a los posibles beneficiarios, que proceden sobre todo de Hispanoamérica o norte de África. Los colectivos ayudan a subir a la web la documentación, resuelven dudas u orientan a los migrantes que quieren obtener permiso de trabajo y su residencia.
La Delegación del Gobierno ha acogido una reunión de coordinación para hacer seguimiento de cómo va el proceso. Allí se ha puesto de relieve que algunos países como Nicaragua están dificultando los trámites en origen. Por ejemplo, el acceso a antecedentes penales.
Scarleth Castillo, miembro de la Asociación Nicaragua Libre y del sindicato OSTA, ha detallado el perfil de persona que están atendiendo. La mayoría no hablan español o son de edad avanzada. Sobre todo, hispanoamericanos, de Venezuela u Honduras, marroquíes o africanos.
En Aragón el proceso se canaliza en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social. Existen a veces problemas para conseguir cita previa, aunque, según recuerdan las entidades, no en todos los casos es necesario el informe de vulnerabilidad.
Rifirrafe en Zaragoza
El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, defiende la regularización frente a los bulos y desinformación que, asegura, existe en torno a él. Por ejemplo, los migrantes pasarán a contribuir fiscalmente, lo que repercutirá positivamente en la economía. Tras el anterior proceso similar, cada migrantes pasó a tributar unos 4.400 euros al año, algo que contribuye al sistema "y a engrosar la hucha de las pensiones".
Beltrán también ha arremetido contra el Ayuntamiento de Zaragoza, tras anunciar su intención de calcular los costes extra que está asumiendo durante este proceso para pasar la factura al Gobierno de España. Beltrán lo considera un despropósito. “Cuando las administraciones queremos colaborar, no entramos en estas dinámicas. En un gran evento en Zaragoza el Gobierno de España posiciona todos los Policías Nacionales necesarios. Jamás se nos ha ocurrido echar la cuenta y pasársela al Ayuntamiento”, ha dicho.
La alcaldesa, Natalia Chueca, por su parte, ha insistido en que el Estado no ha contado con los ayuntamientos y los ha colapsado. No ha dado información ni medios para el proceso, pese a atribuirle competencias que no les son propias, para aplicar una norma que ni siquiera ha sido votada en el parlamento.
Para Chueca la cuestión económica es secundaria. El problema principal, dice, es la forma de actuar del gobierno de Pedro Sánchez, que “desprecia a las entidades locales”. Ha respondido así a las declaraciones de Beltrán.
En cualquier caso, el impacto del proceso de regularización en los costes del consistorio no se conocerá hasta pasada la finalización del plazo de solicitudes el 30 de junio.
