Concretamente, el juez del Tribunal Togado Militar 21 de Sevilla, que investiga lo ocurrido tras la inhibición del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, ha decidido imputar al capitán, retirado de inmediato de sus funciones por el Ministerio de Defensa tras el suceso, a un teniente y a un sargento presentes en las maniobras acuáticas.
Según las fuentes, los imputados podrían haber incurrido en un delito contra la eficacia del servicio, que se produce cuando el militar incumple sus deberes fundamentales causando "grave daño en los medios o recursos de las Fuerzas Armadas o en las personas, o riesgo para el servicio o para la seguridad de una fuerza, unidad o establecimiento de las Fuerzas Armadas"
