El acuerdo incluye dos años de prisión por pornografía infantil, además de un periodo posterior de libertad vigilada. Dentro del mismo se establece la imposibilidad de que el sacerdote desempeñe ningún empleo o cargo con menores de edad.
Según la acusación, el acusado utilizaba la conexión a internet de su madre, ya que vivían en pisos contiguos desde 2017 cuando él e trasladó a Málaga capital.
En el registro de los inmuebles se encontraron varios equipos informáticos y multitud de dispositivos de almacenamiento masivo con más de 400.000 imágenes y vídeos de pornografía infantil. En otra casa había varios discos duros y muñecos de apariencia realista de menores, según el fiscal.
