El Parlamento andaluz ha dado luz verde, con los votos de PP y Vox, a la tramitación de la proposición de ley para regularizar la zona regable en la corona norte del Partque de Doñana, pese a la indicaciones de riesgo de la Unión Europea y sus amenazas de multar a España si se legalizan más regadíos.
Los grupos del PP y Vox han respaldado que se tramite por la vía de urgencia una ley que cuenta con el rechazo frontal del resto de la oposición (PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía) y que podría ser aprobada definitivamente por el pleno del Parlamento a mediados de mayo en el más corto de los escenarios o a mediados de julio.
Con esta propuesta de ley se reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puesto, Moguer y Rociana del Condado, lo que cuestiona la Comisión Europea, que amenaza con multas, y el Gobierno central que recurrirá al Tribunal Constitucional por "invasión" de competencias si se aprueba.
El Gobierno andaluz defiende que, pese a la ampliación de regadíos, no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, mermado por los pozos ilegales y la sequía, y que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial que llegaría a través del trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra que, según la Junta, tiene que acometer el Estado.
Los científicos rechazan la ley
Además de la oposición al Gobierno andaluz, los científicos y agentes representados en el Consejo de Participación de Doñana se han sumado al rechazo de la proposición de ley, ya que la ven "muy negativa" porque "no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto".
A la ofensiva jurídica contra la ley se han sumado también Unidas Podemos que ha avanzado su intención de llevarla al TC cuando se apruebe, mientras IU ha solicitado a la Comisión Europea que adopte medidas cautelares y paralice el desarrollo de la proposición si Moreno no rectifica.
