Ocho organizaciones piden a la ONU que investigue la situación del campo onubense

Ha sido la organización internacional Women's Link Worldwide, con el apoyo de otras siete entidades, la que ha pedido a Europa una actuación urgente pues, aseguran que la crisis del covid19 ha agravado la vulneración de los derechos laborales a la que están expuestos los trabajadores del campo.

Una petición a la que se ha sumado esta mañana el Sindicato Andaluz de Trabajadores que ha invitado a las administraciones a que comprueben la realidad a pie de campo. Su portavoz, Diego Cañamero, ha insistido en que no se puede consentir que empresas vulneren la dignidad y los derechos de los trabajadores. Por eso ha pedido que se respete el convenio y se cumplan las leyes.

En este sentido, estas organizaciones han pedido a la ONU que exijan a empresarios y administraciones que se respeten los derechos de las trabajadoras migrantes en Huelva. Así como que se tomen medidas que puedan mantenerse en el tiempo y que tengan una perspectiva de género.

"La pandemia de COVID-19, como todas las crisis, tiene un impacto específico en las mujeres y exacerba las desigualdades de género ya existentes. Este impacto es especialmente grave para las mujeres vulnerabilizadas, como las temporeras de la fresa, cuyas familias dependen de sus ingresos y trabajan bajo unas condiciones laborales discriminatorias y abusivas", ha explicado la abogada de Women's Link Worldwide, Aintzane Márquez.

En la comunicación, la organización ha presentado un informe elaborado por expertas en el que se exponen las principales vulneraciones de derechos humanos contra las temporeras documentadas en la temporada del año 2019.

En el documento se exponen vulneraciones de derechos detectadas durante la selección de trabajadoras en Marruecos y durante el desarrollo de la actividad laboral, así como vulneraciones específicas relacionadas con las condiciones de alojamiento, violencia sexual, dificultades de acceso a la justicia, a la sanidad y a sus derechos sexuales y reproductivos.

Así pues, Women's Link ha denunciado que la situación "no ha mejorado sustancialmente desde el año 2018, cuando se anunciaron medidas tras varias denuncias de temporeras por explotación laboral y violencia sexual". "La mayoría de las medidas adoptadas siguen haciendo recaer la responsabilidad de denunciar sobre las trabajadoras, que en muchos casos no son informadas de sus derechos o tienen miedo a perder sus trabajos", han apuntado desde la organización.

Asimismo, ha lamentado que el Estado español siga "sin controlar de manera eficaz que las empresas respeten los derechos de las temporeras, delegando su función de vigilancia en mecanismos propuestos y manejados directamente por la patronal de la fresa, en lugar de ejercerla desde las administraciones públicas como correspondería"

"El contexto actual de la COVID-19 ofrece una oportunidad para revisar el sistema de contratación en origen de manera integral. La vuelta a la 'normalidad' tiene que suponer también un cambio hacia un modelo productivo en el que los derechos de las personas trabajadoras migrantes estén en el centro, en lugar de los intereses económicos", ha concluido Márquez.