El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tendrá la última palabra sobre la solución planteada por el Ayuntamiento de Granada para dar cumplimiento a la sentencia que anuló el estudio de detalle aprobado en 2013 en la parcela del pabellón Mulhacén.
Dicha resolución judicial determinó que se produjo una “parcelación encubierta”, al implantarse usos terciarios —como locales de hostelería— en edificios independientes sin una vinculación funcional clara con el equipamiento deportivo, lo que vulneraba la normativa urbanística vigente.
El informe técnico del Ayuntamiento busca evitar demoliciones
El informe técnico encargado por el Ayuntamiento sostiene que la edificación existente es “plenamente compatible” con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y plantea una reorganización del espacio para ajustarlo a la legalidad.
Entre las medidas propuestas se incluyen actuaciones en las edificaciones actuales para reforzar su conexión funcional con el uso deportivo, así como la eliminación de cerramientos intermedios y la adecuación de espacios para la práctica deportiva al aire libre.
Según fuentes cercanas al caso, el tribunal deberá analizar este informe en el marco de un incidente de ejecución de sentencia, dando también traslado a la otra parte implicada, el empresario Ramón Arenas, para que presente las alegaciones o informes que considere oportunos.
El TSJA deberá decidir si acepta la solución municipal, una opción que, según las fuentes consultadas, podría ser viable al ofrecer una salida que evita la demolición de las construcciones existentes. No obstante, también se contemplan otros escenarios, como la presentación de un contrainforme por parte de la acusación o la solicitud de un informe independiente por parte del propio tribunal.
Un nuevo estudio de detalle para ajustar el planeamiento a la realidad
El Ayuntamiento prevé iniciar en paralelo la tramitación de un nuevo estudio de detalle que permita regularizar la situación urbanística de la parcela. Este proceso podría prolongarse durante el resto del año, incluso tramitándose por la vía de urgencia.
El objetivo es reconocer la edificabilidad existente y la volumetría de dos plantas de los locales, restableciendo así la “coherencia entre el planeamiento y la realidad”. El informe municipal insiste en la necesidad de garantizar la unidad de la parcela y la vinculación funcional de sus usos, eliminando la percepción de segregación y configurando el espacio como una actuación única e indivisible.
El documento también advierte de la existencia de un excedente vinculado al uso terciario, lo que podría constituir una infracción urbanística. En este sentido, el Ayuntamiento tendría la capacidad de iniciar expedientes de disciplina urbanística para corregir esta situación.
