El Ayuntamiento de Granada ha identificado cinco parcelas públicas sin uso que permitirán construir un total de 565 viviendas protegidas en alquiler:
- Avenida Luis Miranda Dávalos: 73 viviendas
- Calle Santiago Rusiñol: 200 viviendas
- Avenida Francisco Ayala: 118 viviendas
- Calle Barbo: 164 viviendas
- Plaza de San Gregorio: 10 viviendas
En conjunto, estas parcelas suman más de 11.000 metros cuadrados de suelo público, con un desarrollo potencial de 34.000 metros cuadrados edificables destinados a vivienda protegida en alquiler.
Características de las viviendas y alquileres
Según el Ayuntamiento, las futuras viviendas tendrán unos 60 m² de superficie y dos habitaciones, con alquileres regulados que rondarán los 500 euros al mes. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha enfatizado que las promociones se destinarán exclusivamente a alquiler regulado, garantizando que las concesiones a promotoras cumplan este objetivo.
“Granada da un paso importante para empezar a construir un parque municipal de vivienda protegida en alquiler sobre suelo público que hoy no tiene uso y que puede convertirse en una oportunidad para muchas familias y jóvenes”, ha señalado Carazo.
La alcaldesa ha subrayado que esta iniciativa busca responder a la necesidad real de vivienda en Granada y crear un instrumento estable para aumentar la oferta asequible en la ciudad. La colaboración público-privada permitirá desarrollar las futuras promociones de manera eficiente, garantizando el acceso a la vivienda a familias y jóvenes.
“Se trata de activar suelo público y ponerlo al servicio del interés general, empezando por un parque municipal de vivienda protegida que pueda crecer en el futuro”, ha añadido Carazo.
Marco legal y colaboración público-privada
La actuación se enmarca en el Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda y en la Ley de Vivienda de Andalucía, que permiten destinar parcelas calificadas como equipamiento comunitario a vivienda o alojamiento dotacional en régimen de alquiler.
El Ayuntamiento realizará los trámites urbanísticos necesarios tras la aprobación de la propuesta en el Pleno municipal, definiendo la ordenación de las parcelas, la altura de las edificaciones, la edificabilidad y la tipología residencial, siempre respetando la integración urbana y el planeamiento vigente.
