AEROPUERTO

El aeropuerto de Córdoba ya puede recibir vuelos comerciales

Finalizadas las obras del edificio de la terminal

Onda Cero Córdoba

Córdoba | 08.11.2022 15:07

Aeropuerto de Córdoba
Aeropuerto de Córdoba | creative commons

El edificio de la terminal del aeropuerto de Córdoba ya está terminado, después de la reforma y remodelación de que ha sido objeto desde junio del año pasado.

La obra ha costado 1.300.000 euros y es un paso más en la apuesta de AENA por modernizar el aeródromo de Córdoba.

Las nuevas instalaciones remodeladas han sido las de las salas de embarque con dos mostradores y las cintas de recogida de equipajes y mobiliario además de la renovación de ascensores y aseos.

La Subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha visitado las instalaciones y confía en que a partir de ahora las compañías se interesen por traer hasta nuestro aeropuerto vuelos comerciales.

El aeropuerto se queda por tanto preparado para recibir si se interesan en ello las compañías aéreas unos 100.000 viajeros al año.

Mesa del Aeropuerto

Desde el ayuntamiento, el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno que convoque “cuanto antes” la Mesa del Aeropuerto, en la que están representadas todas las instituciones y agentes sociales, para abordar las mejoras que se han realizado y las que todavía están pendientes o hace falta actualizar. Según Torrico, el objetivo no es otro que el aeropuerto sea verdaderamente útil para la ciudad y la provincia. Por parte del Partido Popular "existe total disposición para impulsar una infraestructura que puede traer muchos beneficios a Córdoba y su desarrollo económico y logístico", ha indicado Torrico.

El delegado de Presidencia ha reclamado a AENA que “retire el recurso que ha planteado y acate la sentencia de un juez que eximía al Ayuntamiento de Córdoba del pago de 20 millones de euros por las expropiaciones realizadas para la ampliación del aeropuerto. Es una cuestión de justicia para todos los cordobeses que no pueden ser los únicos españoles que tendrían que pagar por una infraestructura cuyas competencias corresponden íntegramente al Gobierno

de España”.