La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte celebró su asamblea extraordinaria el pasado sábado 19 de septiembre y durante este encuentro con los socios se debatieron las próximas acciones a tomar frente al Ministerio de Transportes y ante la subida del precio del combustible. Actualmente, desde este colectivo estudian la convocatoria de un nuevo paro nacional indefinido, aunque esperarán a que se tengan en cuenta sus propuestas respecto al Proyecto de Ley del Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, sobre medidas urgentes en materia de transporte.
Así, el eje central de las enmiendas es la protección del transportista efectivo, al que la Plataforma define como el eslabón más débil y vulnerable de la cadena logística. La organización critica que las fórmulas actuales de revisión de precios se centren casi exclusivamente en el gasóleo y en los contratos de carácter continuado, dejando desprotegidos los servicios esporádicos o los trabajos discontinuos, un vacío que a su juicio permite además que ciertos contratos continuados eviten sanciones por pagar por debajo de coste.
Entre las medidas concretas que la Plataforma reclama incluir en la ley figuran cuatro puntos. El primero exige que la revisión del precio del transporte contemple todos los costes que soporta el transportista efectivo, no solo el gasóleo. El segundo propone que el Observatorio de Costes que elabora el Ministerio de Transportes sirva de referencia obligatoria, de forma que su incumplimiento constituya indicio suficiente para activar la inspección del cargador y la sanción correspondiente. El tercero plantea que la actualización de precios sea mensual y se aplique a todo tipo de transporte, ligero o pesado, de envío único o continuado, con sanciones y controles en carretera y un mecanismo de actualización de costes para todos los intervinientes en el contrato. Por último, también reclaman garantizar a autónomos y micropymes un margen de coste laboral suficiente para asegurar rentabilidad propia.
