LEY DE AMNISTÍA

Varios ex altos cargos del Constitucional y el Supremo analizan las implicaciones de la amnistía

El expresidente del Tribunal Constitucional y del Supremo y la exvicepresidenta del Constitucional se pronunciarán sobre una eventual amnistía para los independentistas catalanes en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

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ondacero.es | Agencias

Madrid | 24.10.2023 06:04

Fachada del Tribunal Constitucional
Fachada del Tribunal Constitucional | Agencia EFE

El expresidente del Tribunal Constitucional y del Supremo Pascual Sala y la exvicepresidenta del Constitucional Encarnación Roca analizarán este martes las implicaciones legales que tendría una eventual amnistía para independentistas catalanes.

Sala y Roca se pronunciarán sobre este asunto en la jornada 'El desafío constitucional de la ley de amnistía', que organiza el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Sala fue presidente del Supremo y del CGPJ de 1990 a 1996; del Tribunal de Cuentas de 1988 a 1990, y del Constitucional de 2011 a 2013. Por su parte, Roca fue magistrada de la Sala de lo Civil del Supremo entre 2005 y 2014​; magistrada del Constitucional entre 2012 y 2021, y vicepresidenta de este tribunal entre 2017 y 2021.​

Al coloquio asistirá también Enrique Gimbernat, catedrático y experto en Derecho Penal. El ICAM explicó que los invitados analizaran las implicaciones de una eventual amnistía a independentistas catalanes, que para los abogados es "uno de los temas más candentes y que más preocupan en el estamento jurídico".

Peligro para los fondos europeos

A este respecto, el Colegio madrileño de letrados celebró la semana pasada otro encuentro para valorar un eventual perdón a secesionistas catalanes, en el que participó el exsecretario de Estado de Seguridad y exjuez español en el Tribunal General de la UE Ignacio Ulloa.

Este ex alto cargo alertó de que una eventual amnistía a independentistas catalanes podría provocar que Bruselas bloquee los fondos de recuperación destinados a España.

Según este exjuez de la UE, perdonar sus delitos a los independentistas catalanes supondría que los fondos Next Generation "podrían quedar bloqueados o sujetos a un proceso de devolución" en un plazo de "seis meses".