La Audiencia Nacional ha confirmado los indicios que dejan a un paso del juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, así como a otros implicados en el caso Soule, en el que se ha investigado la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado un perjuicio de 4,5 millones de euros.
En los últimos meses, la sección segunda de lo Penal ha estudiado los recursos de Ángel María Villar, así como los de su hijo Gorka y los que los otros procesados interpusieron contra la resolución en la que el juez Francisco de Jorge proponía juzgarles por presuntos delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida o falsedad en documento mercantil. Si bien, todos han sido desestimados.
La Fiscalía pide 15 años y medio de cárcel para Villar y siete para su hijo. Además, pide que indemnicen a la RFEF con 3,8 millones de euros. El exvicepresidente de la Federación, Juan Padrón, también está implicado y piden en su caso seis años y medio de prisión.
En uno de los autos a los que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Nacional hace referencia a los "datos objetivos" que existen en el procedimiento y que "constituyen indicios" de delito.
Villar y Padrón se habrían aprovechado de sus cargos durante 10 años
Creen que los argumentos de Villar no son suficientes para archivar el caso y señalan que el expresidente "olvida" elementos probatorios reclamados por la UCO a lo largo de la instrucción. En cuanto a su hijo, la resolución del juez se fundamenta en los indicios arrojados por las diligencias de investigación de su presunta "ilícita participación" en negociaciones de las que se derivó un perjuicio para la RFEF.
Según el Tribunal, el auto del juez refleja la "existencia de una base suficiente y racional para continuar" el procedimiento y que se fundamenta en numeroso material incautado, declaraciones e informes policiales.
Esta causa se abrió tras los supuestos indicios que apuntan a que Vilar y Padrón se habrían aprovechado de sus cargos durante una década, entre 2007 y 2017 para beneficiar a personas a su cargo con contratos perjudiciales para la RFEF. Todo ello por un valor superior a los 4,5 millones de euros.
