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La CHS estima que son 10.000 las hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena.
El consejero Antonio Luengo ha declarado de “interés general” la orden de restituir suelos a secano o forestal, tras confirmarle la CHS que las sanciones a 940 hectáreas son firmes.
Agricultura desmontará el regadío ilegal en cuanto la CHS confirme que las resoluciones son firmes.
El consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, asegura que es “falso” que la CARM haya dado a entender que no hará nada con los regadíos ilegales como dice el informe del Ministerio de Transición Ecológica sobre el Estado de la Actuaciones de la Administración del Estado en el Mar Menor del pasado 13 de abril.
Según recoge un documento del Ministerio de Transición Ecológica
La CHS ha remitido a la consejería de Agricultura 84 expedientes por un total de 1471 hectáreas denunciadas por uso privativo de aguas sin autorización. El organismo de cuenca continuará inspeccionando hasta alcanzar la cifra de 9500 hectáreas en expedientes administrativos que dilucidarán su legalidad.
Desde la CHS alegan que en muchos casos "no logran dar con la toma de agua"
Agentes medioambientales de la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente han comenzado a visitar a los propietarios de parcelas de regadío ilegal que la CHS le ha notificado como resueltos (62 expedientes que afectan a 989 hectáreas del campo de Cartagena) para que los terrenos sean restituidos a sus condiciones originales de secano; y se ha topado con que pese al expediente del organismo de cuenca, siguen cultivando y regando con total impunidad. Algunos de ellos, una media docena, desde mediados de 2018 que fueron formalmente notificados y advertidos de la actividad ilegal por la Comisaría de Aguas.
Los regadíos no inscritos pero dentro de UDA y, por tanto, "alegales" deberán acreditar el origen del agua con la que riegan para ser regularizados
La CHS inspecciona el 25% de la cuenca del Segura y detecta 3622 hectáreas de regadío ilegal que han sido expedientadas. Se trata de la primera fase de lo que el organismo de cuenca ha denominado Plan de Choque de los Aprovechamientos y, según su presidente, Mario Urrea, han comenzado por el regadío fuera de las denominadas Unidades de Demanda Agraria de la cuenca del Segura. De esas 3622 hectáreas de regadío ilegal, unas 1300 están en el campo de Cartagena. Luego están los regadíos no inscritos dentro de las Unidades de Demanda Agraria y, por tanto, en situación de “alegalidad”. Se trata de miles de hectáreas, aunque Urrea no quiere dar cifras concretas porque muchos de esos regadíos son susceptibles de regularización con concesiones de agua desalada como va a ocurrir con 4.600 hectáreas de regadío no consolidado en El Raiguero y el Paretón de Totana con agua de la desaladora de Águilas. Los regadíos no inscritos, según Urrea, deberán aportar la documentación necesaria que acredite la procedencia del agua con la que están regando que suelen ser pozos subterráneos o solicitar concesión de agua desalada para cerrar luego los pozos y evitar la sobreexplotación de los acuíferos como marca la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea que fija el año 2027. La Confederación Hidrográfica del Segura, como le están pidiendo los agricultores, quiere delimitar exactamente los perímetros regables de la cuenca del Segura de forma que sean inamovibles y ayude a terminar con la imagen peyorativa que se traslada de la cuenca según Urrea.
"En la región de Murcia no se ha desmantelado ninguna roturación ilegal de monte para plantar lechugas o uva de mesa"
El funcionario de la CHS, Francisco Turrión deberá ser indemnizado con 12.000 euros por daños morales. El juzgado ha condenado al ministerio de agricultura que a finales de 2017, estaba en manos de García Tejerina, le abrió expediente disciplinario y le sancionó con la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses a raíz de la publicación por la organización Greenpeace del informe “La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después” en el que participó Turrión. El fallo judicial concluye que hay “sobrados indicios de que el auténtico móvil de la sanción fue coartar la libertad de expresión del funcionario que se atrevió a cuestionar el trasvase del Tajo. Además, deberán resarcirle los 26.000 euros de salarios dejados de percibir, así como las vacaciones. El informe de Greenpeace sostenía que la región tenía agua subterránea suficiente como para no depender del trasvase del Tajo. Un informe que veinticinco expertos de una docena de universidades calificaron de “falsedades pseudocientíficas”. Turrión, que también es experto en hidrogeología, ha declarado en Onda Cero que la superficie de regadío ilegal en la cuenca del Segura “seguirá creciendo mientras no se incluya en el Código Penal la figura del delito contra los recursos” y recuerda que, aunque dicen que no hay agua, las exportaciones hortofrutícolas no dejan de aumentar en la región de Murcia hasta alcanzar en 2018 cifras récord. Turrión estima que 64.000 hectáreas de regadío son ilegales en la cuenca del Segura porque se está superponiendo el regadío de hecho con el regadío de derecho a cuenta de la denominada UDA (Unidad de Demanda Agraria) y recuerda que ninguna roturación ilegal de monte para la plantación de lechugas o uva de mesa ha sido desmontada por la Guardia Civil en la región de Murcia.
