La Abogacía del Estado no solo podrá hacerlo, sino que no le queda más remedio que hacerlo, porque se trata de una sentencia firme de un tribunal muy superior.
La utópica del mitin es la muy escuchada estos días en el congreso de ERC: que la Abogacía del Estado asuma la nulidad del juicio y que los condenados sean puestos en libertad.
Eso levanta clamores de adhesión independentista, pero tiene un problema insuperable: no está en la sentencia ni siquiera como insinuación. Si no está en la sentencia, no se puede asumir. Y, si se asumiese, sería una bajada de pantalones de la Abogacía, que siempre sostuvo que había un delito de sedición.
Para el Gobierno sería, sencillamente, una rendición humillante. Y no digamos sobre lo otro que me preguntas, que es la autodeterminación. Eso, si hay que hablarlo, se hablará en la mesa de diálogo posterior a la investidura, y es natural que ERC lo sugiera o lo imponga.
No será posible ceder nada, pero un partido independentista lo tiene que reclamar, a sabiendas de que el Gobierno no puede impedir que se hable, pero no puede ceder, salvo flagrante delito de prevaricación.