Monólogo de Alsina: "El fantasma del rey emérito sobrevolará la ceremonia de apertura del año judicial"

El día en que comienza el curso escolar en cinco comunidades autónomas ---con todas las novedades, las inquietudes y la ausencia de certezas que venimos comentando estos días— y es el día en que comienza el curso judicial, con todos los asuntos pendientes que siguen adelante en los juzgados.

La apertura del año judicial es, seguramente, uno de los actos más aburridos de nuestra vida pública: una reunión de personas con toga en el Tribunal Supremo para escuchar dos discursos bastante previsibles y oír decir al rey queda inaugurado este pantano.

Eso, queda abierto el año judicial.

Este año el rey Felipe pronunciará la frase imagino que preguntándose si el año judicial que arranca traerá novedades poco agradables para su padre, el rey Juan Carlos, expatriado en Abu Dabhi. El fantasma del emérito sobrevolará la ceremonia: una de las decisiones que habrá de tomar la fiscalía del Supremo es si actúa contra el rey de antes o despacha el asunto por falta de indicios delictivos. Y la decisión, en realidad, Dolores Delgado, que hace un año asistió a este acto como ministra de Justicia y hoy asiste como fiscal general del Estado. Otro elemento de interés: la reaparición de la señora Delgado para dar cuenta de la memoria de la fiscalía.

El otro discurso lo hará Lesmes, presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Presidente contra pronóstico, porque tendría que haber dejado el cargo hace veinte meses. Él mismo se declaró caducado hace ahora un año, en aquel pasaje de su discurso que hoy puede perfectamente repetir.

Desde hace veinte meses, el Parlamento tiene pendiente elegir a los vocales que renueven el actual Consejo del Poder Judicial. Para que esos nombres tengan mayoría suficiente en la Cámara se requiere del acuerdo de los dos grupos principales, PSOE y PP, y eso es justo lo que ahora está empantanado: el acuerdo. La negociación que parecía progresar adecuadamente antes del verano choca ahora con la negativa del PP a seguir hablando. Y por eso, cuando hoy Lesmes recuerde que el retraso (de veinte meses) en la renovación debilita a las instituciones, Pedro Sánchez se sentirá reconfortado porque es justo el argumento que él está empleando para afearle a Casado su atrincheramiento: que en tiempos de crisis se impone tener instituciones sólidas. Aunque a día de hoy, en la España epidémica de septiembre de 2020, si algo anda tocado son precisamente las instituciones.

Asuntos judiciales pendientes: una investigación que empezó hace dos años puede acabar llevando al juzgado a dos ex ministros marianistas: Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior y amigo de Rajoy, y Dolores Cospedal, ministra de Defensa y enemiga de Bárcenas.

El juez que investiga la operación Kitchen (García Castellón) tiene ya la petición de la fiscalía para imputarlos a los dos. Hasta ahora, en esta causa, el cargo político más alto sospechoso de haber delinquido era el número dos de Interior, Francisco Martínez. Pero ahora, y basándose en material propiedad del propio Martínez, la pelota lleva un piso más arriba, a su jefe el ministro Fernández Díaz. Les recuerdo que la operación Kitchen es uno de los fregaos en los que estuvo, presuntamente, Villarejo. Y que tanto él como los comisarios que mandaban en la policía de entonces, Eugenio Pino, García Castaño, aparecen como presuntos responsables de urdir la operación para espiar a Bárcenas y conseguir el material comprometedor que éste pudiera tener guardado en su casa. ‘Comprometedor’ para dirigentes del PP, incluido Mariano Rajoy. ‘Conseguirlo’ para desactivarlo, no para entregárselo a ningún juez.

Sinopsis. El grupo de Villarejo capta al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, para que actúe como topo. Trabaja para la familia porque el PP, en los buenos tiempos, le puso coche oficial al tesorero. Era un conocido del comisario Gómez Gordo, hombre de confianza de Cospedal. La operación, oficialmente, no existe. Se paga con fondos reservados y sólo unas pocas personas están al tanto. Al chófer infiltrado se le premiará después enchufándole en el cuerpo nacional de policía.

La investigación de la Kitchen empezó hace dos años, pero los hechos ocurrieron en el verano de 2013. Qué verano (el de aquel año) para Mariano.

Siete de julio de 2013, domingo. Pedro J. Ramírez aún era director de El Mundo. Publica un relato titulado ‘Cuatro horas con Bárcenas’. El ex tesorero del PP, pocos días antes de ingresar en prisión, le ha contado que sus anotaciones contables (los papeles) son sólo una parte de la documentación que guarda, y que incluye varios discos duros con pruebas de la corrupción. Desde hace semanas, los medios especulan con la posibilidad de que Bárcenas tire de la manta y haga caer el gobierno del PP, defraudado con Rajoy por no impedir su encarcelamiento y por dejar hacer a su enemiga Cospedal.

Trece de julio, sábado. El número dos del ministerio del Interior, Francisco Martínez, recibe dos sms de su jefe el ministro. En el primero le da un nombre: Sergio Javier Ríos Esgueva. Chofer B, escribe, con B de Bárcenas. Y añade: ahora hace esa función con la mujer. En el segundo le dice: ‘Es importante’.

Catorce de julio, el día siguiente. El Mundo publica los sms que Rajoy ha enviado a Bárcenas. ‘Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos’. Se confirma que el tesorero tiene material y está dispuesto a darle aire. Los nervios en el gobierno del PP se disparan.

Quince de julio: Bárcenas declara ante el juez Ruz y empieza a cantar la Traviata.

Han pasado siete años y medio de aquello. Y son los sms la principal novedad de las últimas horas. No los de Rajoy a Bárcenas, sino los de Fernández Díaz a Martínez, su número dos. Se ha publicado que Martínez decidió acudir al notario a levantar acta de que tenía esos mensajes remitidos por el ministro cuando hace dos años le escuchó decir a Fernández Díaz en una entrevista que él no sabía nada ni de Kitchen ni del chófer ni de nada.

‘Si yo supiera algo de eso’. ‘Me estoy enterando ahora’, también dijo. A la luz del sms, al menos el nombre del chófer sí lo conocía.

Los sms de 2013 los ha conservado hasta hoy el número dos del ministerio. Imputado en la causa, solicitó autorización antes del verano al gobierno actual para contarle al juez aspectos que estaban protegidos por el secreto oficial. Y el permiso le fue concedido. A eso, entre otras cosas, aludía el ministro Marlaska cuando dijo que su departamento estaba colaborando a esclarecer la policía patriótica. Martínez es, hoy, la llave de que dispone el juez para llevar la investigación ---y ya veremos si la responsabilidad penal--- más arriba.

El ex ministro, por cierto, no tiene aforamiento. Pablo Casado no quiso meterle en las listas europeas.