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OPINIÓN

El monólogo de Alsina: Se cumple un año de aquella jornada alucinógena que se vivió en el Parlamento de Cataluña

Un año justo. Un año desde los hechos que motivaron la querella hasta el final de la investigación judicial. El juez Pablo Llarena, de quien la mayoría de los mortales no habíamos oído hablar nunca hace un año, dio por terminada la investigación sobre qué hicieron, cómo lo hicieron, qué posibles delitos cometieron y quiénes fueron, cuando en otoño de 2017 se produjo el intento de tumbar la Constitución en Cataluña.

ondacero.es |  Madrid |  26/10/2018

Este sábado se cumplirá un año de aquella jornada alucinógena que se vivió en el Parlamento de Cataluña cuando la mayoría de la cámara, amparándose en la coartada (falsa) de que el pueblo había hablado y era pueblo soberano, votó una resolución que proclamaba el nacimiento de la República Independiente de Cataluña. Alucinógena la votación, con aquella urna y el voto secreto…

…alucinógena la proclamación y alucinógenos los alcaldes independentistas con sus bastones en alto cantando El Segadors junto a Puigdemont, Junqueras y Forcadell, fingiendo los tres que estaban alumbrando un nuevo Estado europeo cuando lo único que, en realidad, hacían era fundirle los plomos a las instituciones catalanas.

El 27 de octubre, viernes, montaron el número aquel en el Parlamento catalán; Puigdemont se fue a pasar el fin de semana a Girona a dejarse jalear por quienes, engañados, se creyeron el cuento de bastaba que ese Parlamento diera por muerta la Constitución española para que de verdad lo estuviera; y el domingo se metió en el coche a escondidas y se largó a Bélgica. ¿Por qué? Porque el lunes abrían los juzgados y el fiscal general Maza iba a presentar su querella.

Aquel día, 30 de octubre, empezó esta investigación judicial que ahora ha llegado a puerto. Cuando José Manuel Maza, que venía de ser magistrado del Supremo, formuló la querella y lo hizo en estos términos.

Así empezó este procedimiento judicial. Cuya investigación ha concluido el juez Llarena dando por válidos los indicios de que dieciocho personas, siete de ella fugadas del país, se valieron de sus cargos para alzarse contra la Constitución, malversar el dinero público y desobedecer al Tribunal Constitucional. Así lo entiende el juez instructor. Ahora queda saber cómo lo entienden las acusaciones y las defensas y cómo lo entiende, en última instancia, el tribunal que juzgará el caso.

Pero transcurrido este año, y terminada esta primera fase, el juez Llarena mantiene la tesis que expuso el difunto Maza. Fue su querella la que definió el terreno. Optó por la más grave, y más castigada, de las acusaciones posibles. Y eso es lo que, en este año de procedimiento, no ha cambiado. En ninguna de las actuaciones de los fiscales del Supremo se ha sugerido siquiera una modificación de la doctrina Maza sobre la violencia y la rebelión. Sólo falta saber si cambia de aquí al próximo viernes (presentación de conclusiones) o si cambia a lo largo del juicio, que también podría suceder.

La vicepresidenta del gobierno decía ayer aquí, jugando con habilidad, que no puede haber cambio de criterio cuando ni fiscalía ni abogacía del Estado han presentado hasta ahora sus conclusiones.

En efecto, las conclusiones no se presentan hasta que la investigación concluye. Pero eso no significa que en todo este tiempo no haya habido un criterio claro de actuación.

Dos mentiras en una misma frase. Torra nunca escatima cuando de retorcer la realidad se trata.

Van a ser juzgadas dieciocho personas, no dos millones. Que le pregunte Torra a Artur Mas, que al final se queda fuera del caso porque no ha encontrado el juez sustancia. Y Artur Mas votó en la consulta aquella, como el propio Torra, que tampoco va a ser juzgado.

La segunda mentira es esto de que los catalanes no tolerarán una condena. Primero, porque Torra no habla en nombre de todos los catalanes y él lo sabe. Él habla en nombre de un catalán, Puigdemont. Al que la suerte que corran quienes van a ser juzgados le importa un comín, como ha quedado sobradamente demostrado en este año.

Por si acaso el gobierno tenía alguna duda, el portavoz de Puigdemont en Barcelona, Eduard Pujol, descartó otra vez que vayan a negociar los Presupuestos con el PSOE sólo porque la vicepresidenta, o el presidente, hagan declaraciones cuestionando el delito de rebelión.

Sobre los Presupuestos, no hay novedad alguna, por tanto.

Bueno, no hay novedad sobre la falta de apoyos suficientes para aprobarlos. Sí la hay sobre el dinero que el gobierno pretende sacarle a los contribuyentes. Sorpresa, sorpresa. Resulta que fue al Congreso ayer el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente. ¿Y eso qué es? Pues un organismo reciente, de la administración pero independiente, que vela por el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Lo mismo que hace Moscovici en Bruselas lo hace esta Autoridad en España: examina los presupuestos y dice qué le parecen.

¿Qué dijo ayer el señor Escrivá, presidente de este órgano? Pues dos cosas:

• Uno, que es factible cumplir con los objetivos con este plan del gobierno, pero que no es seguro. Hay cálculos de Hacienda que la Autoridad Fiscal no comparte.

• Y dos, que aquí llegó la sorpresa. Que en los papeles que le ha pasado a él el gobierno hay mil millones más de previsión de ingresos que proceden, atención, de la subida de la cotización obligatoria para rentas superiores a 45.000 euros anuales.

Es decir, que además de las subidas de impuestos ya conocidas, el gobierno tiene este plan B que pasa por subir las cotizaciones. Ya contó John Muller que el gobierno tenía balas en la recámara por si tiene que aumentar los ingresos en vista de que no tiene intención de ajustar el gasto. Y todas las balas acaban impactando en el mismo sitio: la cartera del que tiene trabajo.

Cuando los comentaristas discrepantes con la decisión de Maza sostenían que el juez Llarena, al que se referían entonces como moderado, rebajaría la acusación y lo dejaría como mucho en conspiración o sedición.

¿Significa que serán condenados a 25 años? No. Sobre el papel, hasta podrían salir absueltos. Si las defensas convencen al tribunal de que no hubo nada ilegal en saltarse las resoluciones del Constitucional y dedicar recursos públicos a la organización de una consulta ilícita utilizada como coartada para justificar en un falso mandato popular la arremetida contra la legalidad democrática y la proclamación de la independencia. La probabilidad de que salgan absueltos es baja, pero hasta que haya sentencia no sabremos. Más probable es que resulten condenados no por rebelión pero sí por sedición, lo cual sería un revés menor para el juez instructor y una pena de prisión muy seria para los procesados. El debate sobre si hubo o no violencia, si hubo o no rebelión, es un interesantísimo debate jurídico, pero no es lo más relevante que se va a ventilar en el juicio. Lo relevante es si se da por demostrado que estas dieciocho personas se valieron de su condición de cargos públicos para alzarse contra la Constitución incurriendo en un delito muy grave. Y haciéndose merecedores, así, del castigo no por sus ideas independentistas, sino por delinquir, es decir, por sus actos.

Mentira primera: lo de Torra. Que se va a juzgar a dos millones de catalanes. Hombre, pregúntele usted a Artur Mas, que se ha quedado fuera.

Mentira dos: que el hecho de que Calvo diera la fecha del dos de noviembre en este programa es la prueba de injerencia. El dos de noviembre termina el plazo para presentar los escritos de conclusiones.

De lo que dijo Camen Calvo. No tiene mayor relevancia la ruptura de relaciones. El gobierno quiere que se sepa que a su juicio no hay rebelión. Y que la apelación al diálogo sirve para explicar cualquier cambio de criterio.