En las próximas horas –próximos días- se irán conociendo y completando las piezas de este puzzle. Qué se dijeron Gallardón y Rajoy en su última conversación de esta mañana, o en la que tuvieron ayer. Hasta qué punto se percibía la distancia, la frialdad, entre ambos cuando coincidieron el viernes por la tarde en la boda del hijo de Federico Trillo -medio gobierno allí, además de Aznar y de Ana Botella- horas después de que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría les colocara a los periodistas aquel comodín que decía que se abría una etapa de búsqueda de consenso para reformar la ley del aborto. Se irán conociendo los detalles que hoy aún faltan, el pulso entre presidencia y Justicia y el tono vehemente que acompañó algunos de los últimos debates en el consejo de ministros.
Este último acto del drama de la retirada empezó una noche de hace dos viernes, cuando la periodista Lucía Méndez terminó de escribir su crónica para El Mundo del sábado. Abriría la primera página. Con un título que diría “el gobierno se inclina por la retirada de la ley del aborto”. En el texto quedaba claro que quien se inclinaba por plegar velas era Rajoy escoltado por ministros pragmáticos y de perfil técnico y receptivo a la opinión de presidentes autonómicos. Habría que remontarse a la campaña de las europeas para detectar los primeros signos de que la reforma de la ley de plazos, guardada entonces en un cajón, difícilmente alcanzaría a ver la luz si el resultado electoral no alcanzaba a ser clamorosamente exitoso. Y no lo fue.
Para comienzos de agosto, cuando ya era evidente que el gobierno (léase Rajoy) no tenía prisa por llevar el proyecto a las Cortes, Gallardón empezó a asumir que tenía la batalla perdida. A la vuelta del verano terminó de constatarlo y empezó a entonar este gracias, pero no contéis más conmigo.
Con la renuncia –fracasado el proyecto- de su ministro de Justicia, se le abrió a Rajoy su primera crisis de gobierno no por voluntad propia sino porque uno de los ministros se marcha. Lo ha resuelto en un pis pas, y antes de despegar hacia China, ungiendo como nuevo ministro de Justicia a un alto cargo de Fomento, Rafael Catalá Polo, que fue secretario de Estado de Justicia con Michavila en el último gobierno Aznar. Entra un técnico desconocido para la opinión pública en sustitución uno de los políticos con mayor grado de conocimiento (para bien y para mal) entre los votantes. Gallardón termina.
Hoy se escribió el final de la carrera política de un peso pesado. Que sonó, más de una vez, como aspirante a la presidencia del gobierno. Que cosechó, innumerables veces, el aplauso de los delegados del PP en los congresos y fue reclamado por las organizaciones provinciales para dar mítines. Gallardón el que conquistó para el PP el gobierno autonómico de Madrid y la mayoría absoluta en el ayuntamiento, el pionero de los veinte años que cumple ya este partido gobernando ambas instituciones. El dirigente popular más mimado por la prensa de izquierdas hasta hace tres cuartos de hora, cuando siendo ya ministro empezó con las tasas judiciales y siguió con la reforma del aborto. De ser visto como el conservador progre a la europea a ser visto como el retrógrado más casposo. Y…de ser visto como el veterano dirigente que le daba peso político a un gobierno con más discurso económico que proyecto, al pisacharcos que incomodaba a Rajoy y discutía con la vicepresidenta.
Todo ello, al final, no deja de ser, viendo el asunto desde lejos y metiéndole perspectiva, una cuestión menor. Lo sustancial, lo relevante, es que con el reculando que hoy entonó Rajoy termina el pulso que han mantenido derecha e izquierda en España sobre la filosofía, el modelo, que debe inspirar la regulación de la interrupción del embarazo, el aborto. Hasta ahora la izquierda abanderaba una ley de plazos (tal como la que está en vigor) mientras el PP defendía el otro modelo, una ley de supuestos. Plazos significa despenalizar un periodo de tiempo; supuestos, despenalizar unas circunstancias determinadas. El pulso termina hoy. El gobierno del PP hace suya la ley de plazos. La ley Aído, como se llamó cuando fue presentada, año 2009. Es este modelo que permanecerá ya en España, salvo que el Constitucional diga lo contrario.
Repitamos esta noche aquello que varias veces dijimos gobernando Zapatero: quien gobierna tiene derecho a cambiar de criterio, sólo faltaría, pero su obligación, en ese caso, es, primero, admitir el cambio de postura y, segundo, explicar las razones del mismo. Amigas y amigos, he cambiado de opinión y me la envaino.
Rajoy no ha hecho aún ni lo uno ni lo otro. No se le ha escuchado decir “la ley de plazos ahora sí me parece constitucional y respetuosa con el derecho a la vida”. No se le oyó ofrecer sus razones para haber llegado a esta conclusión. Ha hablado el presidente de la falta de consenso, de que éste es un asunto muy relevante y sensible (cierto, cierto), pero no ha alcanzado a decir -no ha querido decir- cuál es la causa real de que este cambio legal que hasta hoy le parecía tan razonable y tan de obligado cumplimiento -porque estaba, se nos dijo, en el programa electoral-, ahora le parezca innecesario y prescindible. Hemos pasado del “hay que volver a una ley de supuestos porque lo llevábamos en el programa” a “dejemos las cosas como están porque no hay consenso”. ¿De verdad alguna vez pensó Rajoy que podría fraguar un consenso en torno a un cambio como éste? ¿En serio? ¿O estamos ante una coartada argumental sobrevenida?
Alguna explicación más habrá de dar quien hoy gobierna. Porque mantener la ley actual equivale, si aplicamos todo lo que ha venido diciendo en estos cinco años, a contrariar la doctrina del Constitucional, no respetar el derecho a la vida del no nacido y no defender a la mujer. Todo el discurso que hemos escuchado a Gallardón en estos meses lo había hecho antes, incluso mucho antes, Rajoy. Tan antes como en junio de 2009. Palabra por palabra. Incluida esta frase que tanto ha repetido el ministro en sus duelos parlamentarios con Elena Valenciano: “No hay nada más progresista que defender al que no ha nacido”. Lo decía Rajoy hace cinco años. Alguna explicación más habrá de dar a esta curiosa caída del caballo en la que el jinete es Rajoy quien se cae pero quien se rompe la crisma es Gallardón.
Con el trasero al aire queda no sólo el ministro fundido, sino los parlamentarios del grupo del gobierno que se declararon dispuestísimos a votar una reforma como ésta cuando pensaban que Rajoy la iba a llevar al Congreso y que ahora habrán de explicar, con el mismo ímpetu, por qué están dispuestísimos a votar por el mantenimiento de los plazos. Porque eso es lo que habrán de votar cuando la ley, para cambiar la autonomía de las menores, se retoque. Perdieron la ocasión de reivindicarse aquellos diputados que, estando en abierta discrepancia con Rajoy y Gallardón en este tema, carecieron del amor propio, la coherencia y el coraje para manifestarlo en público.
Y queda una impresión final -fruto de la perspectiva de estos treinta años- que al PP le va a costar combatir. Todas las normas aprobadas por gobiernos socialistas que han afectado a cuestiones sociales controvertidas y que han supuesto cambios relevantes han sido combatidas hasta la saciedad por los populares (recursos ante el Constitucional incluidos) hasta que ellos mismos han llegado al gobierno y han terminado por hacerlas suyas. Ocurrió con la ley del aborto de Felipe -que Aznar no tocó-, con la ley del matrimonio gay de Zapatero -que Rajoy no tocó- y, ahora también, con la ley de plazos de ZP que Rajoy mantiene aun teniendo mayoría parlamentaria para deshacerla. Difícil, siendo eso así, combatir la idea de que los avances (o los cambios) en cuestiones sociales los abanderan gobiernos de izquierdas mientras que el PP acaba abrazando esos mismos cambios pero cinco o diez años después.
